La acción penal se inició por una presentación formulada el 31 de mayo del año pasado por el apoderado del Partido Justicialista, Cesar Arias - a instancias del propio Menem- a fin de deslindar responsabilidades del anterior gobierno en ese tipo de maniobras, que en las últimas semanas cobraron actualidad a partir de un informe del Senado de los Estados Unidos, en el que aparecen involucrados el desaparecido Banco República y el Federal Bank, vinculados con el banquero Raúl Moneta.
La causa está radicada en el juzgado federal a cargo de Adolfo Bagnasco, pero la investigación está delegada en Osorio, quien libró rogatorias para que se le informe acerca de los funcionarios mencionados, y además de Yabrán, también del banquero Gaith Pharaon, propietario del BCCI, una entidad a la cual la Justicia norteamericana vinculó con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La denuncia de Arias se radicó luego que el ex representante de la DEA en la Argentina, Abel Reynoso, asegurara ante distintos medios de prensa que el organismo antidrogas norteamericano estaba llevando a cabo la investigación de "una operación de lavado de dólares" por más de mil millones de pesos, en la que estarían involucrados políticos argentinos y brasileños.
En el marco de esta investigación, el fiscal Osorio citó a declarar como testigos a los diputados Elisa Carrio y Gustavo Gutiérrez, los dos legisladores que llevan adelante una investigación parlamentaria sobre el lavado de dinero en la Argentina. La legisladora aliancista declaró meses atrás ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y arremetió contra Moneta, en el marco del pedido de juicio político contra el juez federal de Mendoza Luis Leiva.