Fiscales de todo el país aportaron datos para el informe presentado por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat: según la información recolectada por el integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Justicia condenó a 563 involucrados en delitos de lesa humanidad, 50 personas fueron absueltas y más de 900 se encuentran procesadas.
Los datos corresponden a los casos comprendidos entre los años 2006 y 2015, y allí se indica que los condenados salen de 613 sentencias. Actualmente hay 456 expedientes en trámite de los cuáles 16 llegaron a juicio y 120 causas están cerca del debate. En este mismo marco, hay 10.000 víctimas que se encuentran judicializadas.
Los fiscales que brindaron los datos expresaron preocupación en torno a la falta de condenas contra los responsables civiles de crímenes cometidos durante la dictadura militar. Si bien existieron precedentes que marcaron el inicio de un camino en este sentido, la tendencia se revirtió y ahora el impulso que habían tomado se frenó.
Los casos más resonantes en este sentido fueron las faltas de mérito dictadas para los empresarios azucareros Carlos Blaquier y Alberto Lemos, involucrados en uno de los eventos más siniestros cometidos durante la última dictadura militar de nuestro país: una serie de secuestros a vecinos y trabajadores del ingenio Ledesma.
También se refirieron a la sentencia que benefició a Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia; el ex jefe de redacción de Editorial Atlántida, Agustín Bonelli; el sobreseimiento del ex secretario judicial de Bahía Blanca, Hugo Sierra; y otros temas relacionados con la causa Papel Prensa y los directivos del Grupo Clarín.
El informe también precisa que los imputados detenidos son 970, de los cuales 557 se encuentran en unidades penitenciarias; 384, con prisión domiciliaria; 15 en dependencias de fuerzas de seguridad del Estado; siete de ellos en hospitales; y sobre otros siete no hay datos.
También se consignó que de los 16 juicios que se están sustanciando ahora, trece están en manos de tribunales orales y tres en manos de jueces federales de primera instancia, que aplican el viejo código procedimental del fuero Penal.
El estado de los procesos en curso es el siguiente: 233 fueron elevados a juicio; 198 ya cuentan con juicios en curso; 268 están en la etapa de instrucción; 133 se encuentran con requerimiento de elevación a juicio; 19 se encuentran apartados; y de 23 de los casos no se poseen datos del estado procesal.
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