En principio y a pedido del fiscal federal Carlos Cearras, la magistrada dispuso la reapertura de la causa iniciada a partir de una denuncia que habían formulado el año pasado los diputados Alfredo Bravo y Jorge Rivas por presuntas maniobras de lavado de dinero.
En ese expediente, Cearras requirió y la magistrada accedió a un pedido de informes por parte de la Gerencia de Requerimiento y Control del Banco Central, respecto del "registro de operaciones inusuales y sospechosas" , que podrían tratarse de maniobras de lavado de dinero a partir 1996 hasta la fecha, y las denuncias que se efectuaron ante la Justicia a partir de la detección de dichas irregularidades, según pudo saber hoy Diariojudicial.com.
La juez también le pidió a la entidad crediticia toda la normativa en la cual se desarrollan las investigaciones, a la vez que también libró oficio a la Comisión Mixta de Control de las Operaciones Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico del Congreso Nacional, pidiendo un informe de "todas las actuaciones llevadas a cabo" por ese órgano parlamentario mixto del Senado y la Cámara de Diputados.
Asimismo, Servini de Cubría también requirió a los juzgados a cargo de Gabriel Cavallo y Adolfo Bagnasco conocer el objeto procesal de las causas que quedaron radicados en esos tribunales, a fin de analizar si requiere la unificación de los expedientes en su juzgado, según estimaron las fuentes.
Esa posibilidad obedece a que en el juzgado federal 1 está radicada la causa más antigua sobre maniobras de lavado de dinero en la Argentina, referida a una denuncia contra el banquero árabe Ghait Pharaon por presunto lavado de dinero a traves del BCCI, iniciada en 1991.
Se trata de una autodenuncia de Pharaon y en diciembre del año pasado la Cámara Federal declaró que la causa no se encuentra prescripta.
La investigación se inició a partir de una querella que por calumnias e injurias le inició Pharaon al periodista Rogelio García Lupo. Al declarar como testigo el banquero árabe dijo que su banco no era el único que lavaba dinero y mencionó a otras entidades crediticias que operan en la Argentina, por lo que el juez de la causa, Carlos Valerga, extrajo testimonios para que se investiguen sus dichos.
En esta causa se ordenaron procedimientos en el país, Francia, Suiza y en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, y por el juzgado de Servini de Cubría desfilaron funcionarios liquidadores ingleses y funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con quienes se intercambió información.
En esta investigación intervinieron los fiscales Alejandra Perroud y Luciano Fernández Valle, pero la comisión fue apartada en ocasión de haber solicitado distintas medidas y las declaraciones de funcionarios del anterior gobierno.
Además fueron interrogados ex directivos del BCCI.
En estas investigaciones también intervino la auditora del Banco Central, Alicia López, cuya designación fue reclamada nuevamente hoy por la jueza, ya que considera relevante su actuación en el control de la documentación.
El nuevo impulso de ambas investigaciones está relacionado directamente con el informe preliminar de una comisión del Senado de los Estados Unidos conocido en las últimas semanas, ya que con anterioridad la juez no había obtenido respuesta satisfactoria a los exhortos que había librado a los Estados Unidos respecto de las investigaciones que habían llevado dos fiscales de ese país por maniobras de lavado, así como también acerca de cuentas bancarias en el Citibank de Nueva York, entre ellas algunas a nombre del presuntamente fallecido y secuestrado empresario de Alpargatas, Rodolfo Cluterbuck.
Según las fuentes consultadas vinculadas a la causa durante un allanamiento llevado a cabo en la sede de la empresa fue secuestrado un "maletín" de un empresario de apellido Williams, en el que se detallaban "movimientos dinerarios de esas cuentas cuando Cluterbuck ya había sido secuestrado".
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