El decreto había sido dictado por el entonces presidente Carlos Menem el 6 de enero de 1998, y generó acaloradas polémicas que terminaron en la vía judicial que ahora culmina con la decisión del Máximo Tribunal.
De todas formas, según la sentencia, al dictar el decreto, “el estado Nacional no había criticado lo dicho por la cámara en el caso Urteaga –guerrillero del ERP, que fue detenido desaparecido en Campo de Mayo-, sobre el derecho que tienen los familiares de personas desaparecidas en la ESMA durante el último gobierno militar, de conocer la verdad sobre los hechos ocurridos y la suerte corrida por las víctimas, para lo cual era necesario preservar el lugar donde funcionaba la ESMA”.
Así, la Corte confirmó el derecho que tienen los familiares que impulsan los juicios por la verdad, que se están realizando en varias ciudades del país, como Bahía Blanca y Mar del Plata.
En la decisión, el Máximo Tribunal además aseveró que “el decreto cuestionado traduce el descuido del Ejecutivo de su deber de preservar bienes que puedan constituir pruebas valiosas vinculadas a hechos de nuestra historia reciente, aún no aclarados y sobre los cuales existen causas judiciales con investigaciones en curso”.