04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Alderete declaró en la causa por el vaciamiento del ISSB

El titular del PAMI, Víctor Alderete, debió responder hoy ante la Justicia por el vaciamiento del Instituto de Servicios Sociales Bancarios, en una causa por la que se le imputa un fraude superior a los 2000 millones de pesos.

 
El titular del PAMI, Víctor Alderete, realizó hoy una encendida defensa de su gestión al frente del liquidado Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB), al declarar en la causa en la que se encuentra imputado por el vaciamiento de la entidad.

Alderete se presentó a declarar hoy ante el juez federal Adolfo Bagnasco, en una causa en la que se le imputan los delitos fraude en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante la audiencia, que se realizó en el despacho del secretario Oscar Aguirre con la presencia del juez Bagnasco, Alderete efectuó una encendida defensa de su gestión al recordar que su nombramiento como interventor se encuadra en resoluciones del por entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, en las que también había dispuesto, con anterioridad la reducción de los aportes que los bancos efectuaban al instituto ISSB.

En 1995 se dispuso la liquidación judicial de la entidad, pero como posteriormente fue la misma justicia la que la dejó sin efecto, por la que se prosiguió con el cobro de los aportes de los bancos que habían sido reducidos del 2 al 1 por ciento de sus utilidades.

En la causa también están imputados Cavallo, el ministro del Interior, Carlos Corach; el de Salud, Alberto Maza y el jefe de gabinete, Jorge Rodríguez.

Alderete, según se pudo saber, intentó fundamentar con documentación los gastos del instituto, luego que fracasara un intento por recusar al juez Bagnasco.

Por otra parte, el juez federal Jorge Urso recibió hoy una denuncia presentada por el dirigente del Plenario Permanente de Organizaciones de Jubilados, Carlos Kasparián, referida a la presunta contratación por parte del PAMI de servicios requeridos a la Auditoría general de la Nación en la suma de 1.600.000 pesos. Al parecer, el PAMI le habría requerido a ese organismo la realización de una auditoria en la obra social de los jubilados que preside Alderete.

De acuerdo con esa denuncia, la Auditoría "es un ente público estatal que no puede contratar con el PAMI para realizar tareas que constituyen sus funciones específicas", por lo que se pidió que se investigue la comisión de los delitos de administración fraudulenta en concurso con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.



dju / dju
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