La denuncia fue presentada por el diputado Alfredo Bravo, dirigente de la APDH. en representación de una personas con dificultades motrices. En su resolución, la juez Córdoba exigió la adaptaciones de los accesos en las estaciones que fueron "remodeladas" por la empresa, y en las no remodeladas "abrir las zonas clausuradas para las personas con discapacidad motriz o de cualquier otro tipo".
La magistrada impuso la "expresa prohibición del cierre de los accesos habilitados durante las horas de servicio y "adecuar los bordes de las puertas, para que sean los vagones coincidentes con las alturas y distancias entre los bordes de los andenes".
La presentación se fundó en la erección de nuevas barreras arquitectónicas, la incorporación de material rodante en contravención y la violación de normas elementales de seguridad.
Los denunciantes hicieron referencia así a las remodelaciones entre otras, de las estaciones ferroviarias de Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, San Isidro y Caballito.
Asimismo, fundamentaron su petición requiriendo que "se ordene la rehabilitación de los accesos anulados durante la remodelación de las estaciones y que se abran aquellos clausurados en las estaciones que aún no fueron remodeladas".
La magistrada realizó una inspección ocular en una de las estaciones remodeladas. Durante el mismo la jueza constató "antes de la remodelación los extremos de los dos andenes poseían cada uno una rampa" y que "estos accesos fueron anulados y es real que para llegar al acceso del medio de locomoción el actor efectúa un recorrido mayor que el anterior a la remodelación, que a simple vista puede calcularse en 400 metros". "Finalicé mi inspección -relata en su resolución- con la pretensión, ya como ciudadana, de utilizar los sanitarios encontrándome con que los mismos se hallaban clausurados por las obras que allí se estaban realizando, lo que me permitió tener una visión de lo que para el actor significa su desplazamiento utilizando el medio del tren".