A raíz de esa resolución se deberá incorporar al licenciado Roberto Daniel Martínez Pardies, quien promovió una acción de amparo contra el Estado Nacional, para que se decrete nula la disposición 563/99, INDEC.
Por esta norma legal lo habían suspendido por 30 días y ordenado la instrucción de un sumario administrativo. También solicitó la nulidad de la Resolución 239/99 por la que se le impuso la realización de diversas tareas. Martínez Pardies, relato que en mayo de 1998, previo a la publicación del Anuario de Comercio Exterior Argentino, detectó un error, por parte de la Dirección General de Aduanas, en los sistemas de contabilización de operaciones de exportación procesadas mediante el Sistema Informático María, que daba un total de más de 1000 millones de dólares en exportaciones no contabilizadas en esos registros.
El funcionario informó de esto a sus superiores, y la situación dió origen a diversos comentarios periodísticos, al punto que tomó intervención el Presidente de la Nación, quien reconoció que el error era adjudicable a la DGA. Luego existió un pedido de informes por parte del Congreso de la Nación que nunca le fue presentado o girado para su conocimiento, cuando fue él quien generó los controles para que esa situación pudiese ser descubierta. A partir de ese entonces sucedieron diversos actos dentro del INDEC, tendientes a vulnerar su credibilidad y a discriminarlo.
El 28 de abril del corriente ano, se dictó la Disposición 239/99, por la cual el Director del INDEC, propuso que se realizaran diversos estudios sobre la ALADI, que debía llevar a cabo en dependencias de la calle Tejedor 260, fuera de la sede de su despacho.
Como último acto de discriminación del director del INDEC, dispuso la instrucción de un sumario disciplinario y su suspensión preventiva por treinta días porque se lo acusó de haber violado la confiabilidad de los datos del órgano rector del sistema estadístico nacional, con agravio a expresas disposiciones del Código de Ética Pública, el régimen de regulación del empleo público y el convenio para el sector público aprobado por Decreto 66/99.