Votaron en contra de Liporaci 15 consejeros –de los 20 que integran el cuerpo-, ya que se abstuvo de votar el presidente Julio Nazareno –que se retiró durante el dabate- y decidieron no hacerlo los cuatro senadores: Augusto Alasino, Ricardo Branda (que ni siquiera fueron a la reunión) José Romero Feris y Horacio Usandizaga, aunque no todos están involucrados en la causa de los presuntos sobornos para comprar la reforma laboral en la Cámara Alta.
Así, la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal tendrá que sortear un magistrado para que se haga cargo de la causa. Por otro lado, el Jurado de Enjuiciamiento tiene 180 días de plazo para expedirse acerca de la destitución o no de Liporaci –que será notificado durante el curso del día de hoy de la decisión del consejo-, y estará integrado por nueve miembros: lo encabezará Eduardo Moliné O´Connor (vicepresidente de la Corte Suprema), que estará acompañado por dos jueces, dos senadores, un diputado y tres abogados.
“No queremos que los jueces vivan en casas de chapa ni que viajen en tranvía, inclusive querríamos que vivan mucho mejor”, dijo el consejero-abogado Juan Gersenobitz en relación a las declaraciones que hizo el magistrado a Diariojudicial.com, y agregó que “no merece el Poder Judicial, integrado por gente honesta que trabaja con insuficiencia de medios, que el doctor Liporaci sea uno de sus integrantes”.
Por otra parte, el representante del Poder Ejecutivo Alfredo Víttolo sometió a debate un tema que retomarían varios consejeros. “Es tan reprochable la conducta del juez como la del legislador que le otorga la pensión graciable para su hija”, dijo. Según el radical Carlos Maestro, conociéndose públicamente la existencia del beneficio queda en evidencia la “falta de reflejo del ANSES, que no hizo caducar la pensión graciable después de tanto tiempo”.
Quien atacó con firmeza al juez fue el consejero-juez Javier Fernández Moores, que aseguró contestando declaraciones de Liporaci que “el patrimonio de los jueces es público, lo que son privadas son las coimas”, y aclaró ante los cuestionamientos que hizo el letrado de Liporaci, Héctor Rodríguez, que “el Consejo está acusando, no juzgando, y se trata de un deber para con la sociedad”.
Según Maestro, Liporaci también debería ser cuestionado adicionalmente por la “intencionalidad de evasión impositiva, a los bienes personales, por el ocultamiento del ahorro acumulado” que quedó evidenciado en la declaración testimonial de su contadora, Patricia Baulán.
Humberto Quiroga Lavié, por otro lado, aseguró que hoy “es un día muy trascendente para la República”, ya que, según dijo, Liporaci es “uno de los magistrados que más descrédito público le ha dado a la sociedad”, y se ocupó de aclarar que “el descrédito público es un fenómeno objetivo instalado en la sociedad, y no está en el ánimo voluntarista del Consejo de la Magistratura”. Además, el representante de los académicos dijo, respecto de las sospechas sobre Liporaci que “está quebrada la confianza pública y así no está afianzada la Justicia”. En el mismo sentido, Fernández Moores aseveró que “la grave crisis de confianza es uno de los mayores problemas que tenemos”.
En relación con la decisión del Plenario de suspender y elevar a juicio político a Liporaci, se celebró en la noche de ayer una misteriosa reunión en un departamento en la calle Larrea en su intersección con Arenales donde, según fuentes confiables, suele concurrir el magistrado y que sería propiedad de un asesor de Nazareno. Allí estuvieron Coty Nosiglia y Carlos Corach con varios diputados y senadores nacionales.
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