Alsogaray estaba acusada por presunta evasión impositiva al haber incluido en su declaración jurada de bienes del 1991-92 recibos de pago de impuestos con sellos bancarios falsos.
La funcionaria acusó por ese hecho a su ex contador Mario Ernesto Furlone a quien a la vez denunció ante el juez federal Jorge Urso, que lo procesó por el delito de defraudación a la administración pública y le trabó embargo por 500 mil pesos.
Alsogaray alegó ante Tiscornia que ella le había entregado a Furlone el dinero para pagar esos impuestos.
La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la funcionaria por adulteración en los sellos fiscales de los recibos por el pago de impuestos, contenidos en su declaración jurada de bienes personales, ganancias e Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondientes al período 91-92.
Sin embargo, y con posterioridad a la demanda contra el contador, Alsogaray pagó las sumas adeudadas por el pago de impuestos correspondientes a dos propiedades de esta capital.
Con ese antecedente, y con el argumento que la cifra era inferior a los 4000 pesos, y por esa razón no estar bajo los alcances de la persecución penal como lo establece la ley Tributaria, María Julia le reclamó a Tiscornia la separación de la DGI como querellante en la causa. El magistrado accedió a ese reclamo y hoy adoptó una resolución por la que establece que no existe mérito suficiente para sobreseer ni procesar a la funcionaria.
Además, al declarar el pasado 19 de noviembre ante Tiscornia, Alsogaray deslindó responsabilidades en el por entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, en la inclusión de fondos reservados del Estado en su declaración de bienes.
En ese sentido, Maria Julia recordó que al asumir el cargo se le informó que mensualmente se le haría entrega de dinero en concepto de "gastos de protocolo", provenientes de una ley secreta sin recibos ni comprobantes.
Tiempo después Cavallo habría informado en reunión de gabinete nacional que esos fondos debían ser incorporados por los funcionarios en sus declaraciones juradas bajo el rubro "fondos ley secreta 18.302, y que dichos fondos debían tributar impuestos, cuando en realidad esas sumas eran del Estado, según le indicó la funcionaria al juez.