Este mensaje dicho al pasar por Julio Nazareno durante un aparte de la hora y cuarto que duró el encuentro contiene toda una definición. En la Justicia se considera inconstitucional a la norma y los jueces de contencioso administrativo ya estarían elaborando una demanda por ser contraria a las normas constitucionales. Uno de los planteos de fondo es que los jueces no pueden ser investigados por funcionarios administrativos porque para someter a un magistrado a una investigación se le debe pedir el desafuero. Tampoco un organismo de ese carácter, tiene facultades para sancionarlos.
En realidad, esta ley nacida al amparo de conveniencias electorales, ya es puesta en tela de juicio por los mismos sectores legislativos y políticos que impulsaron su sanción. Pero, ahora, no son pocos los dirigentes del PJ, Alianza y otras fuerzas políticas que la consideran inconstitucional pero prefieren que sea la Corte la que pague el costo político. Para superar el momento, Nazareno justificó que la Corte no puede designar un funcionario extrapoder porque tampoco concedió licencias a magistrados que fueron a ocupar cargos ejecutivos. El argumento es sencillo: a la magistratura se llega por acuerdo del Senado y esos cargos no los tienen.
Fue el único momento de crispación porque el nuevo gobierno ha basado toda su acción de propaganda en combatir la corrupción en el Estado. Después de ese momento, los rostros se relajaron y buena parte de la reunión se fue en explicar por parte de Gil Lavedra las bondades de la informatización con que se pretende equipar a los tribunales para un mejor servicio de Justicia. Los ministros intercambiaron criterios para un mejor aprovechamiento buscando adaptar los nuevos sistemas con los ya existentes, especialmente en los fueros comercial y civil.
Al final, ondas de amor y paz cruzaron el nuevo ministro con los máximos jueces. Gil Lavedra les trasmitió los saludos del presidente Fernando de la Rúa y les agradeció la presencia masiva de la Corte en las ceremonias de asunción. A esos encuentros asistieron 7 de los 9 ministros, salvo Carlos Fayt que solo lo hizo ante la Asamblea Legislativa y Adolfo Vázquez, quien arguyó -tiene a su madre en terapia intensiva- complicaciones familiares. Vázquez es el único juez de la Corte que ha querellado a dirigentes conspicuos de la Alianza, como Graciela Fernández Meijide.
Ese clima fue aprovechado por Gil Lavedra para sugerir que el Poder Judicial se subordine al recorte general de gastos que propugna José Luis Machinea para complicar, aún más, al administrador general Nicolás Reyes y aplacar las ansiedades del sindicalista Julio Piumatto que pretende un incremento salarial del orden de los $ 60 millones.