Así lo confirmó hoy en conferencia de Prensa el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, quien aseguró que los representantes de la oficina a cargo de José Mazzoni, serán los encargados de "investigar cualquier irregularidad que aparezca", como una forma de dar transparencia a la gestión.
Para los casos en que se descubran "delitos" la oficina se encargará de "las denuncias que correspondan en los Tribunales", según explicó Gil Lavedra quien no descartó en que pueda "constituirse como parte querellante para perseguir penalmente a los autores".
El artículo quinto del decreto por el cual fue intervenida la Obra Social de los Jubilados y Pensionados establece que La Auditoria de la Sindicatura General de la Nación y la Sindicatura General serán las encargadas de controlar las acciones que lleven a cabo la Intervención, a cargo de Cecilia Felgueras, y la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, el funcionario no formuló precisiones respecto de la actuación que la Oficina podría tener respecto de la gestión anterior a cargo de Victor Alderete.