El proyecto de la Reforma idealizado por el Ministerio Público y la cartera de Justicia, para que los fiscales especializados persigan a evasores, propone reformar 24 artículos del Código Penal.
Entre ellos se encuentra la multa reparatoria, porque además de la pena, el tribunal oral podrá condenar al imputado a pagarle al heredero una multa que le repare el daño causado. El decomiso consiste en que el tribunal cuando condene a un imputado, podrá decomisar bienes con el dinero que obtuvo del delito.
Respecto de las penas de ejecución condicional el proyecto contempla la posibilidad que el condenado se someta a un tratamiento psicológico, además de trabajar 5 o 15 horas a favor del Estado.
La fijación de la pena es de acuerdo al delito. A partir de la reforma se partirá de una pena intermedia, aunque hay una pena menor y otra superior, esas posibilidades se manejarán de acuerdo al atenuante o al agravante, según surja de la causa.
En el caso de funcionarios corruptos, se modifican figuras penales; la pena máxima será de ocho años y si el monto de defraudación no supera los 500 mil pesos el máximo será de diez años.
Se castigará al funcionario que solicita "coimas". Para condenar al funcionario hay que probar que recibió “soborno”.