Las denuncias ante Garzón fueron efectuadas "por personas del entorno de las familias que se quedaron con los niños", las cuales no pertenecían directamente al estamento militar argentino, aunque tenían relaciones con él. Las investigaciones llevadas a cabo en España han podido detectar la presunta presencia de dos de estos niños, que ahora tienen entre 20 y 25 años, en Barcelona y Alicante, donde residen con sus padres adoptivos.
Será necesaria la prueba de ADN en todos estos casos para determinar si efectivamente se trata de niños robados. El juez español, quien mantiene el secreto de sumario en su investigación sobre los menores, todavía no ha tomado una decisión sobre el caso "para no dar un paso en falso en un asunto tan delicado", asegura. Garzón cursó el pasado 30 de diciembre una orden de detención internacional contra 48 militares y policías argentinos.
La orden fue dictada como consecuencia del procesamiento, el pasado 2 de noviembre, de 98 militares por delitos de genocidio, torturas y terrorismo, sobre la base de un sumario abierto en 1996 en la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española. El juez argentino, Gustavo Literas devolvió las actuaciones para que Garzón se ajuste al estricto marco del tratado de extradición firmado con España.