La magistrada ordenó también la realización de exámenes de ADN para establecer la identidad de los presuntos hijos de los militares, algunos de los cuales aceptaron hacer esas pruebas. Las causas que se ventilan en el juzgado capitalino fueron iniciadas por la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo que a su vez planteó judicialmente ante otro juzgado, el de Adolfo Bagnasco, la existencia de un plan sistemático para la sustracción y supresión de identidad de criaturas nacidas en los centros de detención clandestina que funcionaron durante el régimen.
Las detenciones de los suboficiales Carlos Muñoz, Alfredo Vera, Jorge Oliva, Alberto Astiz, Amadeo Romero y Eduardo Bustos, están emparentadas con la causa del suboficial retirado Policarpo Vázquez quien a principios del año pasado reconoció haber recibido una criatura de manos de otro suboficial a la que, junto con su mujer anotaron como propia. La joven ha rechazado toda posibilidad de someterse a los exámenes de ADN para determinar cuál es su familia de origen.
El fiscal Comparatore reconoció la posibilidad que "los ADN no se correspondan con aquellos que están en el banco genético" de las familias que denunciaron la desaparición de sus hijos, debido a que mucha gente no hacía la denuncia del secuestro de la desaparición de sus familiares "y desconocen si estos habían tenido descendencia". Las Abuelas de Plaza de Mayo presumen que hay mas de 400 casos de chicos secuestrados por los militares, y ya se han esclarecido mas de 60, en su mayoría restituidos a sus familias de origen.