Si bien la idea no es nueva ya que nació por inspiración del ex ministro de Justicia Elías Jassán, quien en su momento hizo el anuncio en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en estas vacaciones de verano ha cobrado nuevos bríos al amparo del descanso corporal y mental de la corporación judicial, que en sus grandes líneas se resiste a la transferencia. Sólo un desprendimiento de retina que afectó hoy al secretario de Justicia, Jorge Pérez Delgado, impidió una reunión de trabajo con su colega de la Capital Federal, Hurgo Germano, un ex presidente de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires claramente identificado con el Frepaso.
En la agenda de Germano y Pérez Delgado figura el traslado los fueros Criminal y Correccional, Comercial, Civil y de la Seguridad Social para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dependerían de un Tribunal Superior de Justicia porteño. El fuero capitalino tendría, además, su propio Ministerio Público, discutiéndose únicamente que se hace con los fiscales actuales: la mayoría al igual que empleados, secretarios, jueces y camaristas de los fueros mencionados irían, también, al ámbito de la ciudad. Para la Nación solo quedarían todos los fueros con competencia federal y la Justicia electoral: esto es, Penal Federal, Penal Económico, Contencioso Administrativo Federal y Civil y Comercial Federal. La Corte y la Cámara de Casación Penal de la Nación seguirán, obviamente, en la órbita nacional pero la Ciudad creará, a su vez, su propia Cámara de Casación Penal.
Es obvio que para una decisión de tamaña naturaleza institucional, el gobierno necesita de un acuerdo legislativo, pero al impulsar la política de hechos consumados, gana con la inercia habitual de la Justicia en esta época del año y porque cree que con el PJ en el Senado se puede negociar a partir de las distintas cabezas que pareciera mostrar el principal partido de oposición después de la derrota del 24 de octubre pasado y el desalojo del menemismo del poder político. La natural transición que se vive en toda fuerza derrotada con la consiguiente recomposición de esquemas interno, alienta a estas audacias que apuntan a transformar el Poder Judicial, un objetivo de máxima política para la UCR como ya se demostró cuando Raúl Alfonsín le arrancó a Carlos Menem el Consejo de la Magistratura a cambio de la reelección.
Desde la Justicia, las oposiciones se mantienen. Lo que no se sabe con que grado de fuerza podrán resistir estos aires de cambio la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional. Los primeros rechazan el traslado porque temen que los jueces queden en comisión, es decir que pierdan la estabilidad asegurada por la Constitución y que deban arriesgarse a concursos de oposición y antecedentes; los segundos, por una cuestión de supervivencia: el traspaso de los fueros mencionados significa mucho más de la mitad del personal afiliado y un gremio sin gente, pierde en toda la línea. Julio Piumatto ve su futuro reflejado en la pálida imagen de Lorenzo Miguel cuando la ex poderosa UOM se redujo en beneficio de otros gremios de servicios y Piumatto sabe que al haber jugado todas sus chances en el duhaldismo, le costará muchísimo armar su propio gremio en la Ciudad cuando la aliancista Unión del Personal Civil de la Nación está al acecho.
Esta movida de transferir a los jueces y la declaración de emergencia judicial para designar a 120 jueces ad referendum del Consejo de la Magistratura, previo acuerdo del Senado, forma parte de una misma estrategia. Producir antes de que se agote el tiempo político para responder a un electorado que le pide cambios. Cómo no se pudieron cumplir por el corset del Fondo Monetario Internacional, se buscan los ángulos menos resistentes: como en las artes orientales, utilizar la fuerza del contrario. Decretar el juicio político a la Corte se tornaba inviable por los intereses concretos del Senado peronista en defender a la mayoría actual: pedirle el juicio político a los jueces federales significaba desnudar una política de presión que tanto la Alianza le criticó al menemismo. Por eso quedan estas medidas extremas, y en el caso de la Ciudad tienen que cumplirse antes de las elecciones locales del 7 de mayo.