El gobierno de la provincia especula que así como el Partido Justicialista está apoyando las reformas legislativas que Fernando de la Rúa impulsa a nivel nacional, la Alianza contribuya a las reformas que en materia de seguridad Ruckauf considera indispensables para afianzar las bases de su acción de gobierno. Las divergencias radican en torno a las modificaciones referidas al régimen de excarcelaciones y las atribuciones que tendrá la policía en el momento de producirse las detenciones. De acuerdo con ese proyecto se introducirán modificaciones, entre otras, en los incisos 5 y 8 del articulo 294 de la ley 11.922, referidos a las atribuciones de la policía. De ese modo, la fuerza de Seguridad dispondrá los allanamientos y requisas urgentes "con inmediato aviso al juez o tribunal competente y al Ministerio Público Fiscal".
”Cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los delitos, podrán proceder a la revisión de los efectos que porten las personas o en los vehículos en que se movilicen, procediendo al secuestro de todo aquello que constituya un delito o instrumento de un delito o sea producto de él, bastando la inmediata comunicación al Ministerio Público Fiscal y al juez de garantías", señala el texto redactado por el Ministro de Justicia de la provincia, Jorge Casanovas.
También contempla como atribuciones de la policía "aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este código autoriza y disponer su incomunicación cuando concurran los requisitos del articulo 152 por un término máximo de doce (12) horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial". "Les está prohibido sin embargo -señala el texto- recibir declaración indagatoria al procesado, al que sólo podrán interrogar para simples indicaciones y al sólo efecto de la indagación sumaria, sin perjuicio del examen posterior de las respectivas declaraciones testimoniales de dichos funcionarios policiales".
Mientras el gobierno de Carlos Ruckauf sostiene que se intenta dotar de una herramienta para combatir la inseguridad en la provincia, los detractores aliancistas de la reforma destacan que de ese modo se estaría devolviendo poder a la Policía Bonaerense, que le había sido recortado durante la gestión al frente de la cartera de Justicia provincial de León Arslanián.
Respecto de las denegatorias de excarcelación, el proyecto de ley establece, entre otras circunstancias, que no se concederá "cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia", así como también el uso de armas de fuego sean estas propias o impropias, supuesto para el cual "no será necesaria la acreditación de la aptitud de disparo de las mismas ni su munición".
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