La decisión de excluir la suspensión de los juicios, contemplada en el proyecto ante la preocupación del gobierno por los casi 37 mil millones de pesos que debería pagar entre los juicios con sentencia firme y aquellos aun no concluidos, fue comunicada por legisladores del bloque de la Alianza, al jefe de Gabinete de Ministros Rodolfo Terragno.
Los voceros, consultados días atrás, habían manifestado la intención de tomar distancia de la suspensión dispuesta por decreto, en 1991, por el entonces presidente de la Nación Carlos Menem.
Con esa premisa, los legisladores buscaron diferentes vías alternativas, acordando en principio dar una mayor participación a la Procuración del Tesoro y evitar la pérdida de juicios millonarios por una mala defensa de los intereses del Estado.
En el mismo sentido, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia desecharon la posibilidad que el Estado contrate estudios privados para la defensa en las causas.
El nuevo proyecto intentará "garantizar la defensa del Estado sin que se suspendan los juicios" y podría contemplar la suspensión transitoria de la ejecución de las sentencias, exceptuando de ese marco juicios previsionales puntuales.
La decisión de los legisladores aliancistas --que son la primera minoría en la Camara baja-- fue comunicada a Terragno durante un desayuno de trabajo. Del mismo participaron, entre otros, Nilda Garre, Darío Alessandro, Horacio Pernasetti y Mario Negri.