El juez federal Adolfo Bagnasco requerirá en las próximas horas a la Corte Suprema de Casación de Italia, que le remita copia del fallo por el cual se declaró la nulidad de la resolución de la Corte de Apelaciones de ese país, que permitió la excarcelación del ex militar y su regreso a Buenos Aires, cuando se tramitaba su extradición a Francia.
En este último pais, Olivera -quien el año pasado había viajado a Europa en su caracter de abogado y fue detenido cuando pasaba sus vacaciones en Italia- es requerido por la muerte (en 1976) de la jóven de origen francés Marie Anne Erize.
Al ser detenido en un aeropuerto de Roma, los abogados Jorge Appianni, Jorge Pagnanelli y Gradis Farrace presentaron un certificado de defunción adulterado, ya que en realidad se trataba de una solicitud de certificado de defunción presentada en los ´70 ante el Registro Civil de la Capital Federal.
Ahora la Corte Suprema Italiana anuló el fallo de la Cámara de apelaciones, resolución que tuvo rebote inmediato en la Argentina ya que aquí se tramita una causa por la maniobra de los abogados de Olivera, iniciada a partir de una denuncia que formuló el abogado Eduardo Barcesa a quien se sumó luego, con otra presentación similar, el titular del Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Esteban Centanaro, quien públicamente aseguró que el documento era "una pieza burdamente adulterada".
En esta causa no está involucrado Olivera, y se tramita en la secretaría a cargo de Oscar Aguirre, quien tuvo a su cargo librar los exhortos a Italia.
Eriza había tenido una fugaz carrera como modelo publicitaria, pero luego se abocó a desarrollar tareas comunitarias en San Juan, donde el 11 de octubre de 1976 fue secuestrada por efectivos del Ejército, y según las investigaciones posteriores aportadas a la CONADEP fue violada y asesinada, tras permanecer detenida en una unidad militar de aquella provincia, donde se desempeñaba Olivera.
El certificado entregado, y que ahora se comprueba era falso, tenía como fin demostrar que la joven había fallecido hacía mas de 22 años, lapso de tiempo que para la justicia italiana es causal de prescripción.
A partir de la nulidad decretada por la Corte, Olivera no podrá ingresar a Italia porque tiene orden de captura, en tanto en la Argentina su situación de libertad no se modifica ya que está beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
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