02 de Julio de 2024
Edición 6997 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/07/2024

A full con Bagnasco

La Comisión de Acusación evaluará el martes que viene, un dictamen que propone citar al juez Bagnasco a comparecer ante el cuerpo. También se debatirá la situación patrimonial del magistrado.

 
El consejero y diputado del Frepaso Pablo Fernández, elaboró ayer un dictamen para citar por el artículo noveno del reglamento de la Comisión de Acusación, al juez federal Adolfo Bagnasco.

Según Fernández, el magistrado federal que investigó los casos resonantes del “affaire” IBM-Banco Nación y de los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar, habría manifestado en una nota publicada en un matutino porteño, “especial” afinidad por un partido político, en este caso el justicialismo, aún ejerciendo la magistratura.

En sus fundamentos, el legislador expone que “el Reglamento de Organización de la Justicia Nacional dispone la incompatibilidad de la magistratura judicial con toda actividad política y que prohíbe a los jueces realizar cualquier acto que comprometa la dignidad del cargo”.

También señala que en la respuesta hecha por Bagnasco al periódico, “está lejos de clarificar los hechos o defender su posición”.

Por otra parte, Fernández mencionó en su dictamen que Bagnasco había invitado a su fiesta de casamiento a una persona que había procesado en su juzgado según un artículo periodístico de la Revista XXI. “La invitación cursada por el magistrado Bagnasco a una persona procesada ante su Juzgado -y estrechamente vinculada con el partido político al que el Sr. Magistrado querría incorporarse parar actuar desde allí en la actividad política- que aquella aceptó y la llevó a participar de la fiesta de celebración del matrimonio recientemente contraído por el Juez”.

La Comisión de Acusación había debatido la situación del magistrado en el ámbito del Consejo de la Magistratura, tras una denuncia realizada por la ex diputada radical y actual Viceministra del Interior, Nilda Garré junto a legisladores de la Alianza. Los diputados informaron en esa oportunidad al Consejo, una serie de “irregularidades” en las que habría incurrido el magistrado en algunas causas tramitadas en su juzgado como así también le imputaron un presunto “enriquecimiento ilícito”. A pedido de la presidenta del cuerpo, la diputada justicialista María Lelia Chaya, la Comisión decidió solicitarle a la Corte Suprema la declaración jurada de bienes del magistrado.

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dju / dju
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