El abogado Juan Carlos Iglesias radicó la denuncia como "juicio originario" de la Corte por violación a los artículos 6 y 29 de la Constitución Nacional. El artículo 29 de la Carta Magna veda las "facultades extraordinarias, la suma del poder público" y las "sumisiones o supremacías", y en su parte final advierte que "actos de esta naturaleza... sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".
El abogado Iglesias sostuvo en su escrito que Mestre "ha convertido a la provincia de Corrientes en un territorio cautivo de la Nación, una verdadera Colonia del Estado Federal, todo ello con la anuencia y solidaridad del titular del Poder Ejecutivo Nacional, donde no se ha garantizado la forma republicana de gobierno".
En su presentación, el abogado también dijo que "no se conoce en la Historia Argentina un hecho similar, salvo los períodos de facto, donde se haya convertido a una Provincia en un Territorio Federal, donde se han cometido las atrocidades institucionales más relevantes" por parte de Mestre, "quien actuó en delegación del Poder Ejecutivo Nacional.
Según dijo el abogado en el escrito al que tuvo acceso Diariojudicial.com, "la gestión del interventor federal ha contribuido decididamente a una clara dependencia del mismo respecto de uno de los partidos de la coalición gobernante en el orden nacional, mas precisamente la Unión Cívica Radical".
Iglesias explicó al Máximo Tribunal que la designación de Mestre tuvo la intención de fortalecer al radicalismo correntino. "Lejos de garantizar la forma republicana de gobierno, se ha ocupado de preparar su propia fuerza partidaria en un territorio políticamente adverso, y ello bajo una presión insoportable", denunció.
Además, aseguró que Mestre designó como jueces a jóvenes abogados que vinieron de la Provincia de Córdoba, de la que fue gobernador, "insaculados de su riñón de amistades y pertenecientes a un sector político radical".