El recurso fue presentado hoy ante el máximo tribunal de Justicia por el abogado Cesar Abel Matoso, a título personal y en representación de los vecinos afectados por la situación, que obligó a mantener cerrados los tribunales lomenses durante siete días.
El profesional, quien tiene su estudio en un predio lindero a los tribunales, posee una hipótesis propia, respecto del origen de los miles de litros de nafta concentrada debajo del edificio judicial. Para Matoso, el tema se relaciona más con una venganza del submundo del delito, que con una perdida en una estación de servicio.
Matoso dirigió la acción de amparo contra la Secretaría de Energía de la Nación, la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires; el Estado bonaerense; el Consejo de Superintendencia del Edificio de los Tribunales y la Intendencia Municipal de Lomas de Zamora.
Deliberadamente, el profesional no accionó contra los propietarios de la estación de servicio "Las Américas", de la firma YPF, por entender que la versión oficial acerca de una filtración en los depósitos de combustibles de esa estación, "resulta patética y obviamente falsa".
"Es imposible”, aseguró el letrado, “que las pérdidas de nafta encontradas en la YPF Las Américas sean suficientes para contaminar con miles de litros de nafta adulterada el subsuelo. Es imposible que la contaminación del subsuelo haya respetado las medianeras del edificio de tribunales, concentrándose en el mismo y no afectando a los vecinos".
Matoso, quien asegura que debajo del subsuelo del edificio y del vecindario "existe un inmenso deposito de nafta adulterada" tiene otra hipótesis de cómo sucedieron los hechos y cual es el origen de las emanaciones provocadas por el combustible.
"Lo que realmente podría haber sucedido”, sostiene, “es que una banda criminal, dedicada a adulterar nafta y venderla en estaciones de servicio del Gran Buenos Aires, haya lanzado al subsuelo miles de litros de nafta adulterada".
Refuerza esa hipótesis en "dos motivos diferentes y coincidentes: uno, investigaciones judiciales que harían necesario hacer desaparecer el cuerpo del delito, y otra, que se haya lanzado la nafta adulterada debajo del edificio de Tribunales en represalia directa por haberse desbaratado la banda delictiva y haberse puesto en prisión a doce de sus miembros".
Por otra parte, el letrado recordó que del subsuelo se habrían retirado, aparentemente, miles de litros de nafta adulterada mediante la utilización de camiones cisternas antiexplosivos, y se descomprimieron gases mediante el venteo de la atmósfera, permitiendo que se reabrieran luego los tribunales.
”De ser ello cierto,” advirtió, “desde el día 3 de febrero hasta el día 10 existió riesgo de explosión y nadie informó de ello al vecindario lindero del edificio de Tribunales".
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