Así lo confirmó a Diario Judicial el legislador justicialista Miguel Angel Pichetto afirmó que mantuvo una reunión con el Ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, donde se habló de llenar de esta forma las vacantes hasta tanto el Consejo seleccione a los jueces por concurso.
El Ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, en un reportaje concedido la semana pasada a Diario Judicial afirmó que “el Consejo de la Magistratura es la piedra angular de toda demanda de la sociedad. Es un órgano nuevo que tuvo y está superando cuestiones de competencia con la Corte, forcejeos que son propios de toda institución nueva. Tuvo que instalarse, organizarse, dictar su reglamento y ha comenzado con los concursos. Por supuesto que es de esperar que esto se pueda hacer lo mas rápido posible. No es razonable que se pierda mucho mas tiempo, porque las expectativas sociales son muy fuertes”. “Hay cerca de cien juzgados vacantes y que afectan seriamente el funcionamiento de la justicia”.
Gil Lavedra resaltó en esa oportunidad que “hay leyes vigentes que prevén la posibilidad de convocar a jueces jubilados. Los del interior del país también es importante porque las leyes vigentes autorizan a nombrar como jueces a abogados de la matricula, que es lo que está ocurriendo, y esto cuando las vacancias son prolongadas no es bueno”.
La reunión entre Pichetto, una de las principales espadas jurídicas del PJ en la Cámara Baja y Gil Lavedra, el arquitecto jurídico del Gobierno, se concretó menos de 48 horas después de que el presidente Fernando de la Rúa insistiera ante la Asamblea Legislativa para que se avance en la reforma que pretende en el Poder Judicial, cuyo borrador es guardado bajo siete llaves en el ministerio de Justicia y en el despacho del propio Jefe de Estado.
Ese proyecto contempla la designación de jueces en las 120 vacantes que existen en la Justicia pero el plazo que le marcan las leyes al Consejo de la Magistratura para implementar los concursos respectivos, eriza la piel del gobierno porque no satisface sus urgencias de cambio, fundamentalmente por las exigencias del Fondo Monetario Internacional de combatir legalmente a la evasión tributaria.
Sin alinearse con el oficialismo, el camarista Claudio Kiper - miembro del Consejo de la Magistratura- abrió una puerta a las necesidades del gobierno al enviar un Proyecto de Ley que contempla la ampliación del régimen de subrogancias, extendiéndola a los secretarios, una iniciativa que rápidamente tomó e impulsó el legislador radical Melchor Cruchaga. El punto medio es el que discutieron Picheto y Gil Lavedra para que la ley de Emergencia Judicial tenga el respaldo político necesario.
El propio De la Rúa, como abogado, se niega a respaldar una iniciativa que abuse de las excepcionalidades. Pero si la creación del fuero Penal Tributario se encuentra empantanada en el Senado, fundamentalmente en el despacho de Jorge Yoma, puede avanzarse sobre la cuestión de la seguridad, que se ha convertido en la exigencia más acuciante de la sociedad y que compromete por igual a oficialistas y opositores.
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