Durante la jornada del encuentro continental se aprobaron cuatro puntos aportados por el funcionario argentino referidos a una visión integral de la salud; la sobrepoblación de las cárceles, la Cárcel como último recurso y otro referido a la Inversión en edificación de unidades penitenciarias .
En cuanto a la política penitenciaria, Gil Lavedra subrayó que "el objetivo primordial de cualquier política criminal moderna debe ser la prevención, esto es, evitar que los hechos delictivos ocurran. Sin embargo el papel del Estado no se agota allí, y después de acaecido el delito, debe sobrevenir la pena. La cárcel está en una profunda crisis de legitimación, ya que no cumple con los objetivos de las penas previstas constitucionalmente (no brinda posibilidades de desarrollo personal que faciliten la reinserción de los internos), además las cárceles se han convertido en un ámbito propicio para la violación de las garantías más elementales de las personas privadas de libertad y sus familias, tiñendo de ilegitimidad toda la política criminal del Estado" concluyó el Ministro.
El titular de la cartera de Justicia incluyó en las conclusiones de esta jornada los temas de sobrepoblación, salud e inversión en las cárceles, además de entender al encierro como último recurso.
Acerca de la salud dijo que "la salud en las cárceles no puede ser tratado como un tema aislado", al tiempo que enfatizó que "lograr que en nuestras cárceles se respete el derecho a la salud de los internos es un imperativo ético del Estado y una obligación normativa que, de no cumplirse, tornará ilegítimo a todo el sistema de pena". Con respecto a la sobrepoblación dijo que "es un compromiso a luchar contra la sobrepoblación impulsando el uso de penas alternativas" y destacó por otra parte "la participación del sector privado junto al Estado en la construcción de cárceles"
."La pena privativa de la libertad es, en los países que no admiten la pena de muerte, como el medio de coacción más fuerte que utiliza el Estado frente a los ciudadanos" comparó y en ese sentido consideró como "deseable que la sociedad evolucionara hacia mecanismos de solución de conflictos menos violentos, y nuestra generación pudiera asistir al fin de la era de la cárcel como castigo, tal como alguna vez históricamente se logró la supresión de los tormentos y de las penas corporales e infamantes". Sin embargo agregó el Ministro- "esto no parece posible en el corto plazo, ya que la crisis económico social, el aumento de la conflictividad en las grandes urbes y el problema de la delincuencia organizada son todos factores que interpelan a los Gobiernos de la región, y han hecho aumentar el uso del derecho penal y de la pena de prisión como herramienta dura de control social". "Hoy podemos afirmar, nos guste o no, que la cárcel es un mal necesario, pero debe ser una obligación ineludible para los Estados garantizar que la cárcel, como institución, cumpla con sus objetivos sociales y no se convierta en una fuente de violación de las garantías individuales" advirtió finalmente.