Tiscornia, por su parte, salió al cruce, aclarando que, “nunca involucró a ningún otro magistrado en el cuestionamiento institucional”, pero afirmó que si se pretende tomar como causal de mal desempeño las decisiones vinculadas a los amparos a distintos frigoríficos habría que suponer que esa causal automáticamente comprendería también a los jueces de cámara que, a su turno, convalidaron algunas de esas decisiones. Estas declaraciones formuladas por el juez suspendido, llevaron a la Cámara a enviar un fax a la Sala de Periodistas de Tribunales con el rótulo de “muy urgente” para sostener que “los fundamentos establecidos por el Senado de la Nación para nada alcanzan, ni rozan la actividad o desempeño de algún otro magistrado distinto del nombrado” (Tiscornia).
También se conocieron los fundamentos esenciales del fallo de los camaristas Marcos Gravibker, Roberto Hornos y Carlos Pizzatelli, con fecha 15 de marzo, de la sentencia confirmatoria contra Delconte dictada por Tiscornia el 7 de julio de 1998 y en el cual se fijó una pena de 10 años de prisión contra el ex administrador de la Aduana y 5 Alberto Hanze, otro ex funcionario policial de la bonaerense vinculado a esa administración.
La Cámara también dispuso profundizar la investigación frente a la posible comisión del delito de asociación ilícita, hecho que según entiende Tiscornia “refuerza la idea de que Delconte fue el responsable del montaje de una colosal maquinaria delictiva montada durante la década de los años 80 en el area operacional de Ezeiza”.
El fallo de la Cámara sostiene respecto de las responsabilidades que se le atribuyen a Delconte que “conociendo los hechos ilícitos que se sucedían en Ezeiza no tomó los recaudos necesarios para que se procediera a la investigación correspondiente, sino que desarticuló los sistemas de control” por lo que no descartó el “rol protagónico” del ex funcionario.
”Para el ingreso a plaza de la mercadería contenida en los bultos, se requiere de una calidad de medios, de infraestructura y de personas que necesitan ser coordinadas, controladas y eventualmente protegidas” advirtió el Tribunal.
”El inusual desparpajo observado en el despliegue de la maquinaria delictiva se evidencia con el secuestro de 3636 solicitudes particulares apócrifas y boletas de salida a plaza adulteradas”, sentenció el ahora suspendido magistrado en un comunicado de prensa.
Los jueces Norberto Oyarbide y Tiscornia fueron suspendidos en sus funciones mientras se sustancia el juicio político en su contra. A Oyarbide, que ayer hizo uso de su derecho a defensa en el recinto de la Cámara baja, se le instruye juicio político por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delito. Tiscornia, por su parte, está acusado por presunto "mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público", al ser sospechado de dar protección para que se realizaran maniobras de evasión y contrabando.
Tiscornia salió desde hora temprana al cruce de los cargos que se le formulan en el Parlamento y en declaraciones radiales dijo en tono irónico que “habría que nombrar a Gustavo Parino y a Delconte, al frente de la Aduana, porque vivimos en la Argentina del revés”.
Ayer en el recinto fue responsabilizado de obviar la investigación de maniobras ficticias de exportación realizadas por la empresa Casa Piana S.A. a pesar de los abultados reintegros por ese concepto que se detectaron que percibía esa firma.
Esas operaciones irregulares, enmarcadas en la denominada "mafia de oro", se registraron a partir de la firma de un decreto en el que se estableció un régimen especial que fue aprovechado por los empresarios y provocaron una pérdida de 600 millones de pesos al Estado. Tiscornia también fue acusado por la Cámara baja por el dictado de un sobreseimiento determinado en una causa por contrabando y evasión fiscal contra la empresa Angelo Paolo. También por haber hecho lugar a un recurso de amparo que benefició a frigoríficos acusados por la Dirección General Impositiva (DGI) de perjudicar al fisco.
La medida para Oyarbide fue propuesta por el titular de la Comisión de Juicio Político, el radical Raúl Galván, y acompañada por una mayoría conformada por justicialistas, radicales y representantes de los partidos provinciales. La suspensión fue votada luego de escuchar el descargo del magistrado, quien volvió a insistir en la existencia de una campaña periodística en su contra. Oyarbide, a quien se le imputa carecer de ética para continuar en el cargo, afirmó que fue "injuriado y calumniado" y le propuso a los legisladores que para constatar ese hecho "lean las notas periodísticas" que llevan su nombre. "La prensa me ha devorado y ha destruido la parte esencial de una persona que es su dignidad", dijo Oyarbide, al tiempo que afirmó que "las normas que protegen los aspectos privados de las personas fueron directamente pisoteadas".
Oyarbide, repudió la conducta de su ex amigo Luciano Garbellano, y dijo que fue el responsable de las "calumnias e injurias" que debió soportar.
Al magistrado, cuyo juicio político fue solicitado por el juez Fernando Rodríguez Lubary, se le atribuye haber faltado a su deberes de magistrado y, además, de carecer de ética para continuar en el ejercicio de su cargo. Los diputados también lo acusaron por omisión de denuncia de delito, al no denunciar en su momento la presunta extorsión que sufrió de parte de su ex amigo, el taxi-boy Garbellano. El magistrado fue señalado además por sus irregularidades en la vida privada, al estar vinculado con el submundo de la prostitución masculina. Oyarbide, está imputado del presunto delito de amenaza contra Zenedinne Raschem, accionista del restaurante "El Mirasol" del barrio norte de esta capital.