Precisamente fue Bonadío, en el marco de dos causas que se tramitan en su juzgado, quien pidió a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que se analice el desafuero del funcionario.
La primera de esas causas está referida a presuntas irregularidades en la designación del defensor Luis Cayuela, y la segunda por una demanda de un juez Civil que acusó a Romero de "abuso de autoridad" ya que designó un defensor oficial en una causa en la que se tramitaba una sucesión, pese a las expresas directivas que le impuso el magistrado.
Por otra parte, pudo confirmarse hoy que otro defensor oficial, Hilario Lagos, ratificará mañana ante la Comisión de Juicio Político una denuncia judicial, cuestionando la "idoneidad" de Romero para ocupar el cargo, basándose en presuntas irregularidades cometidas en el ámbito de la Defensoría "apartándose de los textos legales preexistentes cuando lo ha creído conveniente".
Lagos, que es titular de la Defensoría 1, ante los Tribunales Orales en lo Criminal de esta capital, fundamentará el pedido de juicio político en los hechos sucedidos en una causa en la que Romero le habría recomendado a sus subordinados hacer "a los testigos cuatro preguntas tontas y en los alegatos cuatro pavadas, para cumplir, pues los imputados vienen todos condenados".
En ese marco, Romero denunció penalmente a Bonadío a través de una presentación contra el magistrado que quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Gabriel Cavallo.
El Jefe de los defensores oficiales sostuvo que Bonadío "dificulta y entorpece" su tarea, al negarle copias de una causa en la que está involucrado el ex titular del Consejo del Menor y la Familia, Atilio Álvarez.
Por su parte, el magistrado fundó su determinación, según se pudo saber, en que al momento de ocurrir los hechos que se le imputan a Álvarez éste no dependía de la Defensoría General sino del Poder Ejecutivo Nacional.
En ese entendimiento, Bonadío le habría comunicado a Romero que no lo consideraba "parte" en la causa, y por esa razón le negó las copias que habían sido solicitadas por el Defensor General para la confección de un sumario interno.
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