04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Nuevas políticas de seguridad pública

El gobierno de Fernando de la Rúa confirmó hoy que consultaráa los jueces, a la policía y a los fiscales para elaborar la nueva de Seguridad Pública

 
El gobierno de Fernando de la Rúa confirmó hoy que consultará a los jueces, a la policía y a los fiscales para elaborar la nueva de Seguridad Pública en medio de un dura polémica entrequienes pretenden aumentar las penas y endurecer la legislación, otorgándole mayor poder a la fuerza pública y quienes se apegan a dogmas garantistas sosteniendo que elaumento del delito obedece a causas económico-sociales.

El abanderado del primer argumento aparece el gobernador bonaerense Carlos Rucakauf y el secretario de Seguridad nacional, Enrique Mathov. En la vereda opuesta se inscribióaunque atenuando las formas el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra que obligó a una desmentida a De la Rúa sobre declaraciones de Mathov de copiar a Ruckauf.

Sin embargo, ayer Gil Lavedra sorprendió al dictar unaresolución que promueve una consulta a las cámaras nacionales de Casación Penal, Criminal y Correccional de la Capital Federal y Penal Económico. Como corresponde en el protocolojudicial y para no herir susceptibilades -tan apegados los hombres de la Justicia- iniciará la ronda de consultas este viernes a las 10 con los camaristas de la Casación Penal, cuyamayoría suele representar a la corriente dura del Derecho. Gil Lavedra tratará de calmar el malestar que se generó en los Tribunales a raíz de su proposición directa al Congreso decrear un fuero Penal Tributario sin concultar a la Corte que veladamente se lo reprochó al Gobierno y al Congreso. Despuésde terminar con los jueces, el ministro de Justicia seguirá con los jefes de la Policía Federal, de Gendarmería y Prefectura.Con el procurador General, Nicolás Becerra y con la Corte ya se reunió.

La resolución ministerial sostiene que "se debe requerir a losseñores jueces e integrantes de los ministerios públicos con competencia en materia penal en jurisdicción nacional, hagan conocer a este ministerio, su opinión en torno a las facultadesasignadas a la autoridad policial en el artículo 184 del Código Procesal Penal y, en su caso, las reformas o ampliaciones que entiendan necesarias de introducir, así como acerca de lasdeficiencias que hubieran advertido en el actual sistema de enjuiciamiento y las medidas que consideran adecuadas adoptar para superarlas". Para recopilar todas esas opiniones, GilLavedra puso a trabajar a sus subsecretarios de Justicia y Asuntos legislativos y de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.

En los considerandos se sostiene lo siguiente:

# El sostenido crecimiento de los delitos contra la propiedad cometidos con violencia perjudica de modo preponderante a los habitantes de los grandes centros urbanos y, más allá, de lasconsecuencias que ocasionan a los damnificados directos, afecta a la comunidad en su conjunto produciendo una generalizada sensación de inseguridad.

# A los efectos de revertir ese fenómeno se entiende imprescendible la reformulación de las acciones del Estado enmateria de vigilancia preventiva, represión del delito y reinserción social del delincuente, como así también el fortalecimiento de las instituciones a cuyo cargo se encuentranesas tareas, concreción de políticas sociales activas destinadas a la contención de los sectores de alto riesgo, el fenómeno de la participación comunitaria.

# Idéntica prioridad se asigna, asimismo, a la actualizacióndel marco normativo para el enjuiciamiento de los delitos denunciados, pues el análisis estadístico demuestra que, sin perjuicio de las reformas legales recientes y el esfuerzo del órgano judicial, el crecimiento delictivo apuntado no haobtenido respuesta institucional correlativa, verificándose en la última década una persistente merma en la cantidad de condenas dictadas por año.

# Para una eficaz concreción de este último objetivo se estima de suma utilidad -dentro del marco de la división republicanade poderes- con el aporte de jueces y representantes del ministerio Público con competencia penal en las jurisdiccionesnacional y fedetral, respecto de algunos de los temas que hoy se encuentran en el centro del debate público relacionado con la segeuridad y la eficacia de los operadores en el sistema penal.



dju / dju
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