Un oficio que puede traer cola

En el marco de una causa penal, radicada en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 17, Secretaría N° 153 se solicitó el libramiento de un oficio a la Cámara de Apelaciones en lo Comercial a fin que informe acerca de los requisitos exigidos a los presentantes y firmantes de pedidos de quiebra. Concretamente, si se los identifica y, en caso afirmativo, si en el caso de autos el presentante fue identificado. También se solicita información acerca de si la Cámara Comercial ha suscripto contrato, convenio, acuerdo o ha otorgado autorización que permita a las empresas consultoras de créditos (Veraz, Veritas, Fidelitas, etc.) conocer las presentaciones de quiebras y o concursos comerciales efectuados ante la Sala de sorteos. En caso afirmativo, se pide que se remita al juzgado de Instrucción la totalidad de la información que a ese respecto tenga. Por último y en cualquier caso, se solicita que la Cámara indique la forma en que las consultoras de créditos acceden a la información de la base de datos del sistema computarizado.

El pedido de ese oficio está contenido en el marco de una causa iniciada por la empresa Acron S.A, a través de su letrado, el Dr. José María Soaje Pinto. Los delitos imputados son falsificación material y fraude paraprocesal.

La empresa Acron S.A. se vio envuelta en problemas comerciales al ser registrada como morosa por diversas empresas de informes comerciales.

Acron S.A. es una empresas dedicada a la distribución mayorista de productos de tecnología, principalmente vinculados a la informática.

Al parecer, la empresa se enteró a través de sus proveedores sobre la presentación de dos pedidos de quiebra en su contra, que se tramitaban en el juzgado Nacional en lo Comercial N°19, a cargo de la doctora Adela Fernández, Secretaría 38. Estos proveedores se habrían enterado por los informes brindados por consultoras de riesgo crediticio como "Veraz", "Fidelitas" y "Veritas".

Los pedidos de quiebra estaban originados en supuestos pagarés impagos firmados por Fabián Sperman, un ex presidente de "Acron SA".

Ambos pedidos estaban firmados por el abogado Pablo Maisonnave, quien actuaba en su carácter de apoderado de dos empresas con sede en California, Estados Unidos, llamadas "Komodotech Inc” y "Sinchronyzed Technologies Inc”, presuntos acreedores por las sumas de 128.265 y 743.825,16 pesos respectivamente.

En la denuncia penal se manifiesta que Acron S.A. jamás tuvo relaciones comerciales con ambas empresas. Asimismo se destaca "la falta de intimaciones de pago de las supuestas sumas adeudadas” y el hecho de que “los supuestos pagarés originados en adquisiciones de productos periféricos informáticos se hubieran extendido en moneda de curso legal y no en dólares americanos como es de estilo con empresas estadounidenses”, lo que, a juicio del denunciante, permite descartar inmediatamente la veracidad de los pedidos de quiebra.

Como sea, el hecho es que un pedido de quiebra, aunque carezca de fundamento, causa un perjuicio innegable para el supuesto deudor, desde que está situación queda registrada en las bases de informes de las distintas empresas que prestan el servicio de evaluación de riesgo crediticio.

Habrá que ver si este pedido de informes prospera y, luego, cual es la respuesta que brinda la Cámara en lo Comercial.

dju / dju