Distintas causas por clausuras y multas a los comercios de todo el país que no implementen en sus registradoras los controladores fiscales, motivaron la presentación de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas que de esta forma intenta evitar que la AFIP le aplique a los comerciantes adheridos medidas de clausura por falta de controlador fiscal.
El mismo tiene un costo de instalación que oscila entre 900 y 3000 pesos.
El fallo conocido el viernes último, fue dictado por el juez federal en lo Civil y Comercial de Posadas, José Luis Casals, quién consideró que la resolución de la AFIP, que implica a implementar las cajas negras fiscales- no está contemplado en la Constitución nacional, por lo que calificó la medida de arbitraria y lesiva del derecho de propiedad de los comerciantes.
En el fallo el juez sostiene “ningún precepto legal ni constitucional obliga a nadie a adquirir ningún bien. El dominio en sí de las cosas podrá ser restringido, limitado y hasta expropiado por razones de interés o utilidad general pero siempre sobre los bienes que integran el patrimonio de las personas por la libre decisión de usar y disponer de la propiedad...la obligación del uso del sistema implica un costo en la adquisición, mantenimiento y la inminente aplicación de una sanción por incumplimiento de una obligación formal no impuesta por la ley”.
Hoy la sucursal local de la AFIP advirtió que los fallos en su contra no están firmes. Según información del diario El Territorio de Posadas, Pedro Antonio Solís, el jefe de la división Jurídica del organismo en la Región Posadas, señaló que dicha resolución ha sido apelada. Además, en Corrientes (capital) hay un fallo en primera instancia que rechaza el amparo interpuesto por la cuestión de los controladores fiscales. "Acá todas las cámaras se basan en un fallo en primera instancia del juzgado Federal de Paso de los Libres pero es menester advertir que se trata de un dictamen que fue apelado. Y por lo tanto, el mismo no está firme", señaló Solís.
En una solicitada publicada en diario local El Territorio, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, criticó primero al Poder Ejecutivo Nacional por investir a la AFIP de "superpoderes sobre el ciudadano" que terminan conculcando y cercenando derechos y garantías constitucionales. Y puntualmente al referirse a los controladores fiscales, la entidad señaló: "La exigencia discrecional, arbitraria, gravosa, injusta e inoportuna de instalación de equipamientos electrónicos de emisión de comprobantes haciendo caso omiso de las diversas realidades condicionantes como la ubicación geográfica, situaciones económicas, financieras, patrimoniales y sociales del país, violando el sagrado derecho natural de subsistencia y preceptos constitucionales de trabajar y ejercer el comercio y la industria lícita (...)".
Por su parte Solís relativizó los alcances de la sentencia del juez Casals “Los damnificados pueden apelar ante la Justicia, pero deberían hacerlo individualmente”, consideró, “porque si todos los comerciantes quedan protegidos por una medida cautelar pedida por una cámara, ¿qué pasa con aquellos comercios que no están adheridos a dicha entidad, por ejemplo?, se preguntó.