El pedido, presentado ayer, tramita ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 8, a cargo de Clara María Do Pico, y es impulsado por la Asociación Consumidores Libres a la que representa Polino, que sostiene que “no existe libertad de elección de los usuarios si estos deben sacrificar sus números de teléfonos cuando cambian por una compañía mejor y más barata”.
“La competencia es de las empresas y no de los usuarios”, dijo el diputado a Diariojudicial.com, al explicar que la desregulación que comenzó en noviembre no es tal si los precios para las llamadas locales son iguales en ambas compañías –Telefónica y Telecom- y además el usuario tiene que cambiar de número al traspasarse a otra empresa de servicios telefónico.
Pero la iniciativa más allá. Los actores en este amparo pretenden una portabilidad total, con la que los usuarios puedan pasarse a la telefonía celular o a un pager o cambiarse de domicilio manteniendo el mismo número, lo que generaría más competencia y bajaría los costos para los usuarios.
Polino además explicó que el incumplimiento de la portabilidad –un derecho de los usuarios que está establecido en el reglamento de la desregulación- está íntimamente relacionado con el rebalanceo telefónico, en el que se abarataron las llamadas internacionales y se registraron aumentos para las locales. Según el legislador, en las llamadas a larga distancia ya había comenzado la competencia por las denominadas call back, y se aumentaron las tarifas locales, sabiendo que se mantendría una competencia ficticia.
El objeto del amparo presentado es que se la Secretaría de Comunicaciones que encabeza Henoch Aguiar determine “cuáles son los tiempos mínimos en los que los prestadores de telefonía básica y celular y de todo otro servicio de telecomunicaciones se encontrarían en condiciones técnicas de implementar la portabilidad numérica de los consumidores y los fije como plazos obligatorios a tal fin”.
El legislador –que se apartó de la Alianza gobernante después de un periodo de disidencia-, ahora actor en esta causa, aseguró que en varias reuniones con Aguiar, que se realizan desde marzo de 2000, el secretario aceptó la legitimidad del pedido pero que no estableció ningún plazo para constreñir al cumplimiento. “Hay connivencia con las empresas para que actúen sin competencia”, denunció el diputado a este medio.
Al argumentar el amparo, los letrados afirmaron que “la falta de portabilidad numérica restringe en forma manifiesta y evidente el derecho constitucional de los usuarios de elegir libremente la empresa de telecomunicaciones cuyos servicios contratar”. Gordillo y Caplan aclararon que “no habrá libre competencia hasta tanto los usuarios puedan mantener su número telefónico cuando cambien de prestador, lugar o servicio, puesto que la falta de portabilidad constituye una barrera artificial a la entrada de nuevas empresas limitando artificialmente la oferta de servicios y, por ende, retrasando la disminución del excesivo nivel tarifario que afecta a los usuarios en un contexto socio económico de particular gravedad”.