En el bosquejo en estudio en la Secretaría de Defensa de la Competencia y Consumidor se destaca la habilitación de la vía ejecutiva que permitirá cobrar los saldos impagos de clientes morosos. El Ejecutivo estima lograr una rebaja en las tasas de interés de entre cinco y ocho puntos, con este instrumento.
La ley vigente, aprobada por el Congreso hace apenas dos años siempre fue resistida por parte de las administradoras y de los bancos emisores, que exigían, la incorporación de la cláusula de la vía ejecutiva para el cobro de morosos.
Este mecanismo lograría reducir el riesgo de incobrabilidad, con la consecuente baja en las tasas de interés que cobran a los titulares de tarjetas, arguyen las entidades financieras. Las tasas de interés para la financiación con tarjeta de crédito no podrán superar en un 25% lo que cada banco cobra por préstamos personales. También se establece que la máxima retención sobre ventas a los comercios minoristas debe ser del 5%, según figura en la ley vigente.
La disposición incorpora fuertes sanciones a los bancos que incurran en medidas abusivas, como la de exigir el cobro de un importe nunca realizado por el titular de la tarjeta: esta situación puede provocar multas de hasta 40 veces el valor de la operación en cuestión.
La medida contempla un mecanismo de impugnaciones, por el cual el usuario podrá objetar la liquidación dentro de los 60 días de recibida si observa en ella algún error. Esta acción anula, hasta la comprobación definitiva, toda medida que pueda adoptar el banco para cobrar la liquidación cuestionada. El emisor, en estos casos deberá responder a la impugnación dentro de los 120 días de recibida. Si en ese plazo no se expide, se aceptan las impugnaciones.
Las críticas al proyecto se basan en que su aplicación derivaría en una transferencia de la responsabilidad al usuario de las dificultades de las entidades financieras para efectuar los cobros. Otro de los puntos débiles de la ley es la ausencia de resarcimiento para los usuarios damnificados. Las tarjetas de créditos es uno de los rubros más cuestionados según las estadísticas de denuncias recibidas por la Secretaría de Defensa y Consumidor.