El caso Brusa es un caso clave para pensar como se está perfilando el Consejo de la Magistratura en cuanto a los casos de juicio político que le llegan. En este caso lo que tomó el jurado fue la imputación penal y no los antecedentes políticos, por más malos que estos fueran, así el jury pone un límite a la interpretación política en materia de acusación respetando la ley a rajatabla. El fallo contra Brusa complació a los jueces, desde el principio en difíciles relaciones con el Consejo -donde son minoría- y puede ser el inicio de una nueva etapa, más madura y productiva. “La barrera del jury” se ha fortalecido, el jueves quedó en claro que no cualquier tipo de acusación pasa el jurado de enjuiciamiento.
¿Picadillo de jueces o pantalones largos?
Con el caso del juez santafesino el Consejo estrena sus brillantes pantalones largos. No son pocos los que opinan que hay un antes y un después de la sentencia contra Brusa por el cuidado que ha tenido en separar los cargos.
Como dice el fallo : “... las conductas relacionadas con la violación de derechos humanos han concitado la reprobación de la comunidad internacional y merecen el más vigoroso repudio de este Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por atentar contra valores humanos fundamentales”. Sin embargo, pese a ese repudio generalizado, por haberse tratado de hechos anteriores a su nombramiento como juez, no son causales de destitución. El famoso cargo del “descrédito social” tema que ocasionó interminables filas de testigos de uno y otro lado, no ha sido tenido en cuenta, en una clara señal de que lo subjetivo y opinable no puede de ninguna manera tener peso a la hora de determinar una destitución.
Ahora falta el segundo paso. En el caso Brusa puede haber sido relativamente fácil descartar cargos que no son causales de destitución porque había otros que podían suplirlos, para lograr el mismo fin por medios alterativos. ¿Qué pasará en el caso en que al descartarse este tipo de imputaciones, las no previstas como causales de destitución, se desactive una acusación?
Este no es un dato menor, de los casi 250 pedidos de juicio político que maneja el Consejo de la Magistratura hay varias denuncias que se hacen alegremente, a la ligera o resultan temerarias. Tal es así que un consejero de la magistratura presentó un proyecto para aplicar penas para este tipo de denunciantes. Es importante que el Consejo deje de ser “El hombre de la bolsa” con que querellados, querellantes, denunciantes mediáticos y políticos con afán de centímetros en los medios de comunicación, amenacen a los jueces.
Separar la paja del trigo, apegarse con fuerza a la ley, todo un desafío. Pasar esta última prueba le dará al Consejo de la Magistratura la fuerza institucional que necesita para consolidarse.