En la resolución, el Defensor General solicitó la auditoria del organismo a su cargo en “la ejecución del presupuesto en sus etapas de Afectación Preventiva, Compromiso Definitivo, Devengado y Pagado, como así también si sus modificaciones se implementan de acuerdo a la normativa legal vigente en esta materia”.
El Defensor General expresó también que “El control presupuestario para este Ministerio Público de la Defensa se encuentra a cargo de la Auditoria General de la Nación y de la Unidad de Auditoria General (de la Defensoría General) en sus ámbitos externos e internos”, pero “a efectos de lograr una eficiente administración en materia financiera, económica y presupuestaria, debe contarse con la actuación no sólo del órgano de control interno sino también de aquel contralor externo previsto en el artículo 85 de la Constitución de la Nación Argentina”.
Romero advirtió que, si bien la Defensoría General “a través de sus organismos y dependencias tiene entre sus principales objetivos una adecuada gestión presupuestaria, fuera de toda razón y lógicos fundamentos, se han vertido a través de medios periodísticos y de comunicación, informaciones tendientes a desacreditar el recto proceder de esta institución en materia presupuestaria” .
Recordemos que el Defensor General afronta un pedido de juicio político que está tramitando ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, debido a denuncias por presunta malversación de caudales y mal desempeño en sus funciones. Ya la Comisión había pedido informes a la Auditoria General de la Nación sobre las presuntas irregularidades que se le endilgan al funcionario.
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