04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

A) EQUILIBRIO

 
Es el que parece encontrar la sociedad con el freno que los jueces en lo Penal Económico le imponen a algunas acciones del Poder Ejecutivo que pueden llegar a afectar derechos individuales. La decisión del juez Julio Speroni de aplicar el Recurso de Habeas Data en favor de la modelo Valeria Mazza volvió a poner en el centro del debate la conveniencia de crear un fuero permeable a los mayores impulsos recaudadores de la DGI, como le objetan desde el Senado a la iniciativa de Ricardo Gil Lavedra. Si bien no es nuevo el conflicto entre el ente recaudador que dirige Carlos Silvani y los jueces en lo Penal Económico, la decisión de Speroni acentuó en la DGI las críticas contra algunos jueces de ese fuero y a su vez, por el principio de acción y reacción, abroqueló a los magistrados pese a sus diferencias internas. La semilla de un nuevo enfrentamiento ya había germinado durante la semana a raíz de los dardos tirados a través de la prensa a Carlos Liporace, un juez que ahora atiende su despacho y el del suspendido Tiscornia a la vez. Un conocido diario publicó la versión "degeista" del caso Samid, sin sopesar que ese juez solo comenzó a trabajar efectivamente hace pocos días en la instrucción de una voluminosa y compleja causa donde la misma DGI desistió de la acusación de Defraudación al Estado y lo dejó en Evasión Tributaria, un delito excarcelable si se lo juzga por la ley vigente al momento de parte de los períodos fiscales denunciados. Como la Justicia aún no tiene el informe de la DGI para establecer los períodos que abarca la evasión de Samid - conocido empresario bonaerense de la carne vinculado al PJ que colaboró en la campaña presidencial de Carlos Menem en 1989-, no puede determinar si debe juzgarlo con la ley actual que establece penas de prisión cuando se evade por más de un millón de pesos o si debe hacerlo por la anterior que libera al acusado de todo cargo si accede a pagar la pretensión fiscal. Pero -sostienen- en los Tribunales de Comodoro Py e Inmigrantes que por esa mora, no es responsable la Justicia.

hugo morales / dju
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