Gil Lavedra, a su regreso de Europa, dispuso el relevo del área de Inteligencia del SPF, con la intención de reestructurarlo sin intervenir el organismo de seguridad. Sin embargo, y mientras se entrevistaba con el juez Baños, el funcionario fue notificado acerca de la renuncia de la cúpula que encabeza el inspector general Alfredo Ayala.
La crisis se desató a mediados de la semana pasada, cuando el juez Baños denunció la existencia de un complot tendiente a atentar contra su vida y la de su secretaria María Fernanda Martínez, cuyos detalles le fueron revelados por un detenido de la cárcel de Caseros, quien involucró en el mismo a integrantes del Servicio Penitenciario.
Al ingresar al Palacio de Justicia, el Ministro de Justicia sostuvo que el servicio penitenciario “no va a ser intervenido” y respecto de la renuncia del inspector general Ayala, afirmó que su alejamiento era lo que mejor facilitaba “la recomposición institucional y lo que le permitía a él la posibilidad de defenderse frente a la justicia de las acusaciones que se le hacen”. En ese sentido acentuó que “nos ha manifestado la intención de alejarse de un modo irrevocable”.
“El Ministerio de Justicia va a disponer de todos los medios a su alcance para que los jueces puedan investigar con plenitud, porque nos interesa que se esclarezcan todos los hechos. Han presentado la renuncia el inspector general y la cúpula, que son todos los que lo acompañan”, informó.
Gil Lavedra aseguró, por otra parte, que la conversación mantenida con el magistrado fue para tratar “hechos puntuales” y “de la investigación de hechos ocurridos hace años”. “Se trata de esclarecer claramente lo que ha ocurrido y sancionar a los responsables, como en todos los casos”.
“El Servicio Penitenciario como institución cumple una función trascendente,muy importante y todos tenemos que velar para que institucionalmente pueda seguir cumpliéndola”.
El fin de semana, luego de su regreso de Austria, Gil Lavedra tuvo en mente el descabezamiento del servicio penitenciario federal, aunque advirtió que no se iba a producir una “intervención” del mismo.
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Al finalizar la reunión mantenida con el magistrado, el titular de la cartera de Justicia sostuvo que “los hechos como aparecen son intolerables, nosotros estamos dispuestos a colaborar”. “Se verá perjudicada la institución si no se consiguen aclarar estas cuestiones y separar a quienes hayan actuado mal e incurrido en la comisión de delito”. “Todos tenemos que apoyar la mejor salida para que la institución no sea dañada, porque hay muchas personas que trabajan allí, que cumplen honestamente su función y que son necesarios para el Estado con lo cual hay que separar a los ´malos´”.