Bagnasco, quien en las postrimerías de su gestión disfruta del reconocimiento de sus investigaciones, ahora que en el más alto nivel político de los Estados Unidos se pone al descubierto la ruta del dinero que pagó la multinacional de ese origen, reiteró su pedido a través de un exhorto al gobierno norteamericano, apelando al tratado de asistencia recíproca entre ambos gobiernos en materia judicial. En dicho pedido solicita que se le remita una copia del informe del subcomité del senado de ese país, que afirmaría que en mayo de 1994, la Compañía General de Negocios del Uruguay ordenó transferir un millón de dolares del Banco Credit Suisse a una cuenta del Federal Bank en el Citibak de Nueva York, dinero que formaría parte de los 21 millones de dólares que llegaron a pagarse como sobornos para la contratación del programa informático de la entidad crediticia oficial.
Bagnasco intenta certificar el movimiento de ese dinero lo que hasta ahora le había sido imposible, dada la "escasa colaboración" por parte de las autoridades norteamericanas a la causa, según lo señaló el propio magistrado en un reportaje concedido a Diariojudicial.com. La cuenta la que habría sido transferida esa suma pertenece a Gastón Figueroa Alcorta, un ex asesor de la ex secretaria de la Función Pública Claudia Bello. Bagnasco dispuso el secreto del sumario en la causa, por lo que se descuenta que habría ordenado otra serie de medidas en torno a los resultados del informe.
Por otra parte, el juez dicto el sobreseimiento de los ex directivos del Banco Nación Julio Dentone, Victor Bestani, Roberto Domenech, Alfonso Millán Cesar Ochoa y Juan B Rigal, quienes habían sido procesados inicialmente por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, medida que fue revocada luego por la Cámara Federal. Igual medida adoptó respecto de los representantes de la Bank Privee de Roschild de Montevideo, Gustavo Colpisani y Ernest Stricker, y un ex directivo de IBM Juan Carlos Martínez.
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