El magistrado hizo lugar al reclamo de los padres del chico, Mirtha Luisa Victorio y Oscar Rubén Soria, quienes en su presentación señalaron que la mencionada obra social afrontó durante los primeros meses de este año el costo de tratamiento y cirugía, "pero actualmente se niega a concretar un nuevo dispositivo a favor del prestador (el Hospital Italiano), para cubrir las últimas instancias del tratamiento con droga y cirugía".
El magistrado entendió que "se ha acreditado la verosimilitud del derecho invocado, y el peligro en la demora que se encuentra dado por las consecuencias negativas que podría acarrear la interrupción o no realización de los tratamientos aconsejados por los médicos que tratan al menor".
También tuvo en consideración "la próxima operación quirúrgica programada, teniendo en cuenta también que sus progenitores han expresado que se encuentran imposibilitados de afrontar los gastos, de su peculio".
Por otra parte, el magistrados consideró que " se encuentra en juego el derecho a la salud de rango constitucional, y que debe observarse un criterio de amplitud para analizar este requisito".
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