El objetivo del programa es la protección de los derechos humanos y en ese marco, "facilitar el acceso a la Justicia de los sectores discriminados". La primer etapa del plan tendrá ejecución en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
Según se explicó, la tarea de los delegados será la de "tomar conocimiento del cuadro de situación de los derechos humanos y problemas de discriminación que existan en su provincia, incluyendo el ámbito carcelario Federal y Provincial, para luego estructurar y ejecutar –en forma conjunta con los Gobiernos y Organismos provinciales y Delegaciones del INADI (Instituto contra la Discriminación)- un programa de asistencia para llevar soluciones prácticas a los habitantes, sin estructuras costosas y en el menor tiempo posible".
"este programa -según se explicó- aborda en forma particularizada la atención de las situaciones que viven los habitantes procesados y/o condenados en establecimientos carcelarios ubicados en territorio provincial, dependan estos del Servicio Penitenciario Federal o de los Estados Provinciales".
La tarea a desarrollar apuntará a "mejorar la calidad de vida de la población carcelaria, partiendo de la contención y atención del grupo familiar procesado o condenado".