La medida fue adoptada por la Sala Segunda de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, quienes ordenaron al juez federal Gustavo Literas continuar investigando la responsabilidad de Astiz, ya que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no son aplicables para eximir de responsabilidad en forma automática a los mandos intermedios que hayan actuado en beneficio propio y que no fueron juzgados por esos hechos.
El tribunal de alzada en la causa iniciada por el hijo del financista Horacio Higinio Gómez, por cuyo secuestro y desaparición fue condenado el ex almirante Eduardo Emilia Massera, en el marco de la Causa 13, por la que se juzgó en 1985 a los integrantes de las Juntas Militares, que gobernador el país a partir de 1976. Pese a haber sido el comandante de la Armada, Massera no podrá volver a ser juzgado por ese delito y además fue beneficiado por el indulto presidencial.
Sin embargo, el juez Literas podrá avanzar en la investigación por la responsabilidad de los integrantes del grupo comando que el 10 de enero de 1977 ingresó en la financiera, ubicada en Santa Fe 1713 de esta capital, y secuestró a Gómez.
Del local, los secuestradores se llevaron no sólo al financista sino además distintos objetos de su propiedad, incluyendo las maquinas de escribir y todo el dinero que había en el lugar.
Sin embargo, tras su secuestro los captores lograron que Gómez les transfiriera un millón de dólares y casi todos sus bienes, entre ellos un caballo de carreras que luego fue inscripto a nombre del ex vicealmirante Aurelio "Zazá" Martínez, cuyo nombre fue mencionado como la persona que gestionó la polémica entrevista concedida por Astiz a la periodista Gabriela Cerrutti.
Ante los distintos testimonios que identifican a Astiz como uno de los integrantes que comandaba el grupo de secuestradores, el tribunal federal entiende que se debe investigar a los militares "amparados por las leyes de impunidad", para establecer si se valieron de los medios aportados por el Estado para fines particulares como haber extorsionado y despojado al empresario secuestrado que continúa desaparecido.