La presentación fue realizada en Washington, en la sede de la CIDH, por los abogados representantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Universal (CEJIL).
En el escrito aseguraron que hay 2.800 procesados por participar en protestas y manifestaciones, a la vez que recordaron los asesinatos de Teresa Rodríguez, en Neuquén; de Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes; y de Anibal Veron en Salta, todos ocurridos durante actos de protesta popular.
Los denunciantes consideran que la penalización del conflicto social se realiza mediante figuras del Código Penal, como la interrupción del tránsito y el delito de sedición, que puede ser castigado con penas de entre cuatro y seis años de cárcel.
Los datos indicaron que entre 1997 y 1998 se registraron 219 reclamos de ese tipo y según un trabajo del Centro de Estudios Nueva Mayoría, sólo durante el mes de diciembre de 2000 se realizaron 238 cortes de ruta y vías públicas.
"Las respuestas institucionales a las protestas sociales se caracterizaron invariablemente por una manifiesta represión y persecución penal a los involucrados, mayoritariamente delegados sindicales y ciudadanos desocupados", agrega la denuncia.
En ese sentido, puso de ejemplo el caso de las protestas de junio de 1997 en Trelew, donde los vecinos cortaron una ruta y llegaron a suscribir un acuerdo con el entonces gobierno de Carlos Maestro, pese a lo cual terminaron siendo procesados por el juez federal Esteban Cerra, cuñado del gobernador.
La denuncia solicitó además a los miembros de la CIDH que adopten medidas para hacer cesar al Estado en lo que ella entiende como violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.