En un comunicado a las entidades financieras y a la prensa, elex Banco Mendoza destacó que "esta presentación se efectúa conla plena convicción de que es éste el medio legal más idóneo para resguardar los derechos de sus legítimos acreedores y eldel Estado Provincial, en su condición de responsable decualquier deuda originada con anterioridad a la privatizacióndel Banco". También se afirmó que "es compromiso de lasociedad cancelar la totalidad de los pasivos verificados, para lo cual elevará una propuesta concursal que abarque elciento por ciento de los mismos".
Se anunció además que los directores Benito Lucini y Raúl Moneta "comprometieron voluntariamente y a título personal, la suma de hasta diez millones de pesos ($ 10.000.000) destinadosa cubrir toda diferencia, hasta ese importe, que resulteexigible a la sociedad, a efectos de que ésta cancele latotalidad de los créditos verificados, previa homologaciónjudicial con sentencia firme del correspondiente acuerdo depago". El directorio aclaró que "el cese de la actividad bancaria fue solicitada por la propia sociedad y reconocida porel Banco Central de la República Argentina". Al final informóque continuará actuando con una nueva actividad comercialradicada también dentro de la provincia de Mendoza.
Simultáneamente con este anuncio, Moneta anticipó que la semanapróxima presentará, en Buenos Aires y Mendoza, una denunciapenal contra un supuesto grupo, integrado por conocidospersonajes públicos locales, que buscaría extraerle 460millones de dólares a la provincia como lo consignan en elcomunicado del ex Banco Mendoza SA. Los integrantes de esaasociación serían el juez federal de Mendoza Luis Leiva, eldiputado nacional por el Partido Demócrata Gustavo Gutiérrez,el abogado Ricardo Mastronardi, el contador Luis Balaguer, yel secretario general de la Asociación Bancaria de Mendoza,Sergio Palazzo.
Según Moneta, "el grupo en cuestión quiere que Moneta con sufirma avale este reclamo multimillonario, lo que condicionaríaa la Provincia a desembolsar el dinero". Esto es así porque enel marco de la privatización de ambas entidades financieras,se estableció lo que se llama "cláusula de indemnidad", esdecir, que todo reclamo judicial nuevo que no estuvierareconocido en el balance de transferencia debe ser primeroadmitido por el Grupo República-Magna Inversora para despuésser remitida a la Provincia. Moneta explicó que "si el grupoempresario que operó el Banco Mendoza SA hasta su cierre y queél mismo preside, avalase ese reclamo multimillonario, losacreedores habrían dado un paso adelante muy importante en suobjetivo".
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