La postura de los diputados justicialistas María Lelia Chaya y Miguel Angel Pichetto, son coincidentes al considerar que “las actuaciones a que se hace referencia fueron tramitadas ante la Cámara de Diputados de la Nación por el expediente número p-406-98” y que “el citado expediente tuvo dictamen de comisión publicado en el orden del día número 1033/98, por el cual se propone la desestimación de la denuncia, dictamen aprobado por Diputados en la sesión del 11-11-98”.
Por eso se resolvió, “aconsejar al plenario del Consejo de la Magistratura, proceder al archivo de las presentes actuaciones”.
En disidencia votaron los consejeros Melchor Cruchaga y Pablo Fernández, quienes mostraron su posición contraria fundamentando en que según sus propias constancias, el expediente fue tratado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y nunca tuvo una decisión del plenario. Por ello es competencia del Consejo el tratamiento del expediente de referencia. La investigación sumarial había sido solicitada por los diputados Massei y Cruchaga en Diputados.
El diputado Melchor Cruchaga en disidencia con la mayoría afirmó que “la investigación se basa en porque ese expediente no fue tratado por la Cámara de Diputados y la denuncia además nunca fue resuelta”.