La cuestión, que se plantea como una demanda del gobierno en el marco de los recortes presupuestarios tendientes a enfrentar la crisis económica, fue planteada ayer en el seno del acuerdo de la Corte Suprema, cuyos integrantes se habrían mostrado dispuestos a resolver la cuestión planteada en torno al decreto dictado a instancias del por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Por dicha norma se reducían los sueldos de los empleados estatales en una franja que iba del 5 al 15 por ciento.
Tras el dictamen del procurador, el máximo tribunal entraría de lleno en la adopción de una resolución que contenga un criterio definitivo, sobre la medida que varios jueces de primera instancia habrían declarado como inconstitucional, y que --a través de la presentación de recursos--se encuentran a estudio de la Corte.
Sin embargo, los futuros recortes, cuya aplicación no es ocultada desde el gobierno, despertaron preocupación en el seno de la Justicia, y desde distintas esferas se recordó "la intangibilidad" de los sueldos de los magistrados, que también es extensiva a los representantes del ministerio público.
El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, fue quien primero se pronunció públicamente al respecto al negar que el ajuste presupuestario se extienda al ámbito de la Justicia, ya que las remuneraciones de los jueces "se encuentran alcanzadas por la cláusula constitucional que establece la intangibilidad".
"El Poder Judicial tiene un presupuesto autónomo y, por lo tanto, todas las medidas de ajuste se van a realizar en la Administración Publica Nacional", enfatizó Gil Lavedra.
En el seno del Consejo de la Magistratura, voceros de ese cuerpo se mostraron expectantes, a la vez que sostuvieron que en caso de hacerse extensivo el recorte a sus integrantes "solo siete" de ellos se verían afectados, ya que los demás "o son jueces, camaristas o legisladores nacionales" que no cobran del presupuesto de la Justicia.
La fuente consultada por Diariojudicial.com hizo referencia así a los representantes de los colegios de abogados y a los académicos, así como también del representante del Poder Ejecutivo, Alfredo Vitolo.
De ser convalidado el decreto del 27 de febrero de 1995, el gobierno de De la Rúa tendría allanado el camino para disponer un nuevo recorte.
En aquella ocasión, la medida fue respaldada por el presidente de la Corte Julio Nazareno y por los ministros Eduardo Moliné O´Connor, Guillermo Lopez y Adolfo Vázquez.