Petracchi anticipó que los integrantes del máximo Tribunalpodrían volver a reunirse "mañana o el lunes" para continuarcon las deliberaciones, mientras que otras fuentes precisaronque la reanudación del acuerdo se llevará a cabo mañana, apartir de las 9 horas. La cuestión que tienen en estudio es laconstitucionalidad del decreto 290/95 firmado el 27 de febrerode 1995 por Menem a instancias del entonces ministro de economía Domingo Felipe Cavallo que fue acompañado por el restode los ministros del Poder Ejecutivo y ratificado por una leydel Congreso.
Mediante esa norma se dispuso un recorte en los haberes de los empleados públicos, lo que generó que se iniciaran unos 400jucios que fueron unificados en un solo expediente por elmáximo Tribunal. El dictamen favorable saldría con el voto delos jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´ Connor, AntonioBoggiano, Augusto Belluscio, Guillermo López y Adolfo Vazquezy con voto concurrente en el mismo sentido pero con diferenciasde apreciación se pronunciarían Carlos Fayt, Enrique Petracchiy Gustavo Bossert.
Respecto de esas causas el lunes último el Procurador General Nicolás Becerra, consideró que la reducción de salarios "es una medida constitucional, la única limitación es la que surge dela Constitución respecto de la intangibilidad de los sueldosde jueces y fiscales".
Los observadores analizan la importancia de la resolución de esos casos, habida cuenta que el Máximo Tribunal marcaría un precedente que podría aplicarse si el ajuste dispuesto por la actual conducción económica genera planteos judiciales futuros.La rebaja salarial dispuesta en aquél entonces abarcó un diverso espectro y afectó con distintos porcentajes deretención a los trabajadores estatales, los bancos oficialesy las universidades, entre otros.
La Corte diría mañana que el decreto 290/95 solo es aplicableal ámbito de la administración pública central y no puede sercontemplado para los empleados legislativos y judiciales. Soloa partir de la sanción de la ley de presupuesto de ese añotendría vigencia para los dos primeros poderes porque la mismaCorte la rechazó para el Poder Judicial. Precisamente esa esla esperanza de los empleados y funcionarios de la Justiciapara que tampoco en esta oportunidad se apliquen el nuevorecorte salarial decretado por el presidente Fernando de laRua.
Es más, sobre esa medida la Corte no se pronunciará porque noexiste una causa judicial concreta y el máximo tribunal comolos cuerpos inferiores no se pronuncian en abstracto. Sí, lamedida, en el caso que llegue a la Corte despues del debidoproceso judicial, podría ser comparado con este decreto deMenem y por analogía ser rechazado. Pero tampoco ello implicauna seguridad total en este sentido porque la misma Corte hatenido fallos diferentes en causas parecidas con el transcursodel tiempo y de acuerdo a los marcos políticos que sepresentaban en el momento de la sanción, como ocurrió en elcaso de las Armas.
El acuerdo de esta mañana debía haberse realizado anteayer (los martes son los días de acuerdo ordinario) y fue postergadoa raíz de la momentánea ausencia del país del ministro AugustoCésar Belluscio, quien regresó esta mañana desde el exterior.También fue adelantado el Acuerdo del próximo lunes por otroviaje al extranjero del vicepresidente, Moliné O´Connor.
Pese al marcado hermetismo que existe en el cuarto piso del Palacio de Tribunales -donde tiene su sede la Corte Suprema- algunas fuentes no descartaron que también se aborde el temade la "invitación" que el Poder Ejecutivo cursó al MagnoTribunal para aplicar en el seno de la justicia el recorte desalario. Respecto de esa propuesta al Poder Judicial, anteayerla Comisión de Administración del Consejo de la Magistraturay la Asociación de Magistrados se expresaron en contra de esapostura insistiendo en la intangibilidad de los haberesprevista en la Constitución Nacional.
En 1995 la Corte -sin entrar a analizar la constitucionalidad, o no del decreto 290- emitió una acordada (número 7 del 15 de marzo) en la que afirmó que "es un deber de todos loshabitantes contribuir en las medidas de sus fuerzas alrestablecimiento del equilibrio de las rentas con los gastospúblicos", remitiéndose a un texto del año 1931. Por ello y"con alcance transitorio y excepcional" los ministros de laCorte Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos Fayt,Antonio Boggiano y Ricardo Levene dispusieron "voluntariamenteuna quita de sus compensaciones" e invitaron a los integrantesdel Poder Judicial a "adoptar un temperamento semejante".