El proyecto de Gil Lavedra faculta al Consejo de la Magistratura a designar a los subrogantes, abriendo la posibilidad para los secretarios letrados de esos mismos juzgados. Estos funcionarios se sumarían a jueces jubilados -La Corte ya delegó esta facultad- y a abogados de la matrícula correspondiente a esa jurisdicción judicial.
El Consejo se encuentra implementando los concursos para cubrir esas vacantes pero el complicado armado jurídico y burocrático de esos concursos y la heterogénea composición de los jurados motivó a una tardanza preocupante.
Pero la premura del Poder Ejecutivo de solucionar los vacíos judiciales choca con criterios políticos de la oposición peronista que amenaza con trabar el proyecto. La diputada Cristina Fernandez de Kischner dijo que "justamente el mérito del Consejo de la Magistratura que tanto nos costó encaminar, era evitar el contacto de la política con ese ámbito de la Justicia". De todos modos, el PJ no aparece unido en este tema -como en tantos otros- el vicepresidente del Bloque de Diputados del PJ y miembro del Consejo de la Magistratura, Miguel Pichetto le había dado señales a Gil Lavedra de que su proyecto provisorio avanzaría sin problemas. Solo se exigió un vencimiento a dos años de estas subrogancias para evitar designaciones a dedo por parte del gobierno.
Consciente de los escollos, Cruchaga admitió que podría haber modificaciones a la propia ley del Consejo de la Magistratura, cuya articulación imaginada por la Alianza en la oposición se le ha vuelto engorrosa al ejercitar el poder."Hay jueces que están de guardia los 365 días del año sin nadie que los reemplace u otros que ni siquiera pueden abandonar su juzgado para poder rendir los exámenes de admisión para la titularidad de una vacante". Carlos Soria, el diputado peronista por Buenos Aires, pese a que ejerce su actividad política en Río Negro, se mostró partidario de tenderle un puente al gobierno para superar esta difícil situación en el Poder Judicial.