En cuanto a las reacciones inmediatas ante la medida judicial, el Gobierno nacional ratificó esta mañana que no apelará el fallo del juez federal Gabriel Cavallo por el cual fueron declaradas nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En ese sentido se pronunció esta mañana el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, quien precisó que "el Estado no va a apelar" la medida judicial, pero aclaró que "en todo caso" esa opción la tienen los "particulares damnificados por este fallo" del magistrado.
En la misma línea se había manifestado en la víspera el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien sostuvo que el Gobierno no hará "nada" frente a la decisión del juez Cavallo en torno a esas dos leyes.
Ostuni no descartó que la causa por la sustracción de una niña --hija de desaparecidos-- pueda llegar a la Corte Suprema, al indicar que "es factible que esa instancia correlativa se cumpla".
"Con el respeto que se le debe a la división de Poderes, es una decisión del Poder Judicial; el Poder Ejecutivo no tiene nada que opinar al respecto", afirmó el funcionario al opinar sobre el fallo.
A su vez, El ex jefe del Ejército teniente general (re) Martín Balza criticó esta mañana las leyes de Punto Final y Obediencia Debida porque, según dijo, benefician a "miserables rateros de criaturas", a la vez que calificó de "profesional, medular y profundo" el fallo del juez federal Gabriel Cavallo que declaró nulas esas normas.
"Sólo los responsables de esos hechos y los que cargan sobre su conciencia homicidios, secuestros, torturas y privación ilegítima de la libertad de sus conciudadanos pueden tener razones para temer a la Justicia", dijo Balza.
El ex jefe militar afirmó que la Ley de Obediencia Debida "protege a los responsables y autores de delitos aberrantes e involucra como sospechosos paradójicamente a los inocentes".
Balza advirtió sobre el "daño que esta ley causa a miles y miles de oficiales y suboficiales del Ejército y de las otras Fuerzas Armadas que sin tener responsabilidad alguna en los hechos delictivos han visto cerrado el camino a la Justicia para demostrar su inocencia".
En esa línea, el militar recordado por la autocrítica que realizó en nombre del Ejército por la represión ilegal, criticó duramente a camaradas de la fuerza que son "asesinos y rateros de criaturas y que aún hoy se atreven a hablar de valores religiosos, éticos y culturales".
"Esto para mí es monstruoso, es dantesco y me repugnan las actitudes de miserables rateros de criaturas", dijo Balza, tras sostener que los niños apropiados durante la dictadura "sufrieron la sustracción de su origen, de su historia" y que "la identidad de una persona es su ser".
A su turno, el ex presidente Raúl Alfonsín consideró que la declaración de inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida podría "resultar peligrosa" para el país porque implicaría "volver atrás 20 años".
"Hay que respetar a la Justicia, pero hay que tener en cuenta que siempre resulta peligroso volver atrás 20 años en la historia de cualquier Nación", señaló Alfonsín durante el acto de lanzamiento de su candidatura a senador.
Por otra parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) prepara una ofensiva judicial tendiente a la reapertura de causas por otros casos de desaparecidos.
Puntualmente, el titular del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, anunció hoy que el organismo pedirá a la Justicia argentina la investigación de las desapariciones de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de la joven franco-argentina Marie Anne Erize Tisseau, ocurridas durante la última dictadura militar.
Domon y Duquet fueron secuestradas el 8 y el 10 de diciembre de 1977, respectivamente, y trasladadas a la sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en ese momento a cargo de Jorge "Tigre" Acosta, actualmente detenido por robo de bebés durante la dictadura.
El ex capitán de fragata Alfredo Astiz fue acusado por la desaparición y torturas en perjuicio de las religiosas que permanecen desaparecidas.
Astiz fue juzgado en ausencia en Francia, donde en 1990 lo condenaron a prisión perpetua y reclamaron una orden de captura internacional en su contra que fue rechazada por la Justicia argentina.
El 26 de febrero de 1987 la Cámara Federal porteña dictó la prisión preventiva de Astiz, tras acreditar la aplicación de tormentos a las religiosas, aunque la condena no se hizo efectiva en razón de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El abogado Horacio Méndez Carreras pidió en 1998 a la justicia argentina que Astiz sea citado a declarar por la desaparición de las monjas, luego de que el marino destituido testimoniara en la mencionada causa ESMA y se negara a hablar sobre las religiosas. El otro caso es el de Erize Tisseau, una bella modelo de 24 años vinculada a los Montoneros, que fue secuestrada el 15 de octubre de 1976, cuando salía de una bicicletería en la provincia de San Juan y también se encuentra desaparecida.
Según testigos, la joven había sido llevada por un grupo de militares pertenecientes al regimiento 22 de alta montaña, que estaba al mando del entonces teniente primero Jorge Antonio Olivera.
El caso pasó por la Justicia Federal de San Juan y luego fue elevado a la Cámara Federal de Mendoza, que procesó a Olivera y otros militares. Pero la medida quedó trunca, porque fueron beneficiados por las leyes ahora declaradas inconstitucionales.
Con el correr del tiempo, Olivera se convirtió en un abogado defensor de las causas castrenses, y el año pasado viajó a Francia para presentar ante la Corte de Estrasburgo una denuncia penal contra Inglaterra por el hundimiento del Crucero General Belgrano, en el que murieron 335 marinos durante la guerra de la Malvinas, en 1982.
Tras la presentación, el mayor retirado del Ejército y su esposa decidieron pasar unos días de vacaciones en Italia, donde el 6 de agosto del año pasado fue detenido cuando estaba a punto de regresar al país, por orden del juez francés Roger Le Loire, justamente por la desaparición de Erize. Sin embargo, tras cumplir poco más de 40 días de detención, fue liberado en Italia luego de que sus abogados presentaran un certificado de defunción de la joven, que -según se comprobó luego- había sido falsificado. Ahora se supo en Italia que ese documento desapareció de los expedientes.
Temas relacionados:
Comienza el desfile 06/03/2001