02 de Julio de 2024
Edición 6997 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/07/2024

De normas y realidades (acerca de la reducción de salarios)

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Nuestra Constitución , en su preámbulo menciona el bienestar general. Es el Estado organizado, el que tiene que procurar alcanzar las condiciones básicas que hagan posible asegurar los beneficios de la libertad a los habitantes del país. El monto de las remuneraciones, de ninguna manera aseguran el cumplimiento de la meta impuesta. Puede haber aumentos y disminuir la posibilidad de incrementar el logro de metas constitucionales.

Toda la normativa debe estar en acuerdo con los preceptos básicos razonablemente aplicados, una mejora debe ser mantenida en el tiempo. Seria ilusorio todo derecho o nivel de vida incrementado, si ese no puede ser mantenido en el tiempo.

La deformación de la democracia es la demagogia y, justamente, una de las características de esta es prometer y acordar mejoras no sustentables. El ahorro es una privación del goce inmediato, lo mismo que la prudencia en cuanto a gastos. Ambos, ahorro y prudencia, hacen al bienestar.

El precepto constitucional por si solo, no vas mas allá que una buena expresión de deseos. Es la pragmática económica la que al final debe llevar al cumplimiento de lo acordado en las deliberaciones fundacionales y eso lleva necesariamente a crear normas acordes a realidades.

¿Se pueden mantener los ingresos sin considerar la realidad? Es imposible, la mejora de estos depende de la posibilidad real de las circunstancias.

50 años de mejoras nominativas, no trajeron mejor nivel de vida, fue una ilusión. A contrario sensu, una baja nominativa puede conseguir una mejora o evitar una desmejora mayor de los ingresos.

Depende de la productividad, de la buena administración y del contexto internacional elevar o no el standard de vida de los argentinos. No hay norma que asegure, el mejoramiento del bienestar general.

No habría pueblos pobres. Todos en su Constitución hablan de la vivienda digna, del derecho al trabajo, de la salud, metas indiscutibles pero imposibles de lograr sin una administración inteligente y un pueblo que labore mirando hacia adelante.

Atar la administración a los preceptos constitucionales, es ni mas ni menos, que crear una expresión de deseos y dejar luego que estos se cumplan mas allá de la realidad que impone la economía.

Hay un peligro de infestación demagógica en las organizaciones democráticas cuando se propone enfrentar los planteos de la administración con las metas mediatas de la norma fundamental.

Es la razonabilidad, la que tiene que indicar, el propósito de la norma, si esta, en el futuro, crea las condiciones que hacen al logro de las buenas y deseadas metas propuestas.

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