La idea de quitarle a los que tienen menos para proteger a los que tienen más no es novedosa en el país. En 1812 se reduce a la mitad las pensiones de los que quedaron inválidos en las primeras batallas de la Guerra de la Independencia. En 1813, la Asamblea del año XIII reglamenta minuciosamente una serie de descuentos sobre los sueldos. Y en la sesión siguiente votan las excepciones: no hicieron descuentos para los sueldos del Legislativo ni para los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo.
Esta vez, no hay ahorro sobre los sueldos de los jueces, tal vez por considerar que los $ 10.000 que ganan los ministros de la Corte Suprema no son suficientes. Si bien los jueces lograron una cláusula constitucional que declare que sus sueldos son intangibles, el Poder Ejecutivo podría haberles pedido públicamente que se adhirieran al ajuste. No lo hizo. ¿Es acaso una forma de esperar que avalen medidas de dudosa legalidad? ¿Hubo un acuerdo explícito o un mero cálculo político ? "Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse", aconseja Martín Fierro.
Hay algunos puntos especialmente críticos en las medidas anunciadas:
¿De veras que el Gobierno Nacional cree que es lo mismo quitarle dos sueldos al año a una persona que gana $ 1.000 al mes que a otra que gana $ 6.499? ¿Tenemos que explicarle la diferencia? ¿Para esto se pidió a la gente que se capacitara y participara en un complejo sistema de cursos de perfeccionamiento y concursos para ascender y cobrar (después de diez años de esfuerzos) una diferencia que ahora pierden en un día?
Es particularmente grave la reducción de la jubilación mínima para quienes no reúnan los años de aportes requeridos. Esto significa castigar injustamente a quienes ya han sufrido la injusticia de no encontrar trabajo o trabajar en negro durante años. También equivale a afirmar que el equipo económico reconoce que se mantendrá indefinidamente la desocupación masiva, la que, con estas medidas, sólo puede agravarse. Entre los organismos públicos afectados está la agencia de noticias Télam, a quien se le retira el manejo de la publicidad oficial. ¿Quién va a manejar ahora esas cuentas multimillonarias? ¿Acaso lo va a hacer una agencia privada, a quien se le paguen suculentas comisiones por el trabajo que hoy hace Télam?
También se destruye la Imprenta del Congreso de la Nación y se anuncia que lo que hoy es un servicio al Estado se transformará en un negocio para imprentas privadas. Quiero creer que no se tratará de empresas vinculadas a los funcionarios que harán las contrataciones.
¿Seguimos regalando dinero?
Lo sorprendente es el carácter inequitativo de las medidas tomadas. Se reducen los sueldos de los trabajadores pero no se pide ningún esfuerzo equivalente al capital. Unos pocos ejemplos bastarán para ubicarnos:
Las empresas concesionarias de los servicios públicos muestran una altísima rentabilidad. En muchos casos, eso se debe a que el Estado las sigue subsidiando. Por ejemplo, se privatizaron los ferrocarriles con el argumento de que le costaban al Estado un millón de dólares por día. Sin embargo, el subsidio que hoy entregamos a los dueños privados de esos ferrocarriles sigue siendo muy próximo al millón de dólares por día. El dinero que antes servía para mantener bajas las tarifas ferroviarias hoy sirve para mantener altos los balances.
Varias de esas empresas adeudan el canon que deben al Estado desde hace varias años, algunas de ellas lo deben desde 1995. ¿No sería una buena idea tratar de cobrarles también a ellos?
Algunos funcionarios propusieron aplicar un impuesto a los plazos fijos, las transferencias de acciones y otras operaciones financieras. El Gobierno se negó, temiendo una baja de la Bolsa.
¿Por qué es peor una baja de la Bolsa que una baja de los salarios?
¿Nadie pensó en un impuesto especial a los bienes suntuarios? Tal vez ciertas mansiones de lujo en los countries podrían tributar un poco más de lo que están pagando.
En los últimos seis meses, el precio del gasoil creció un 70 por ciento, lo que, por supuesto, arrastra una cantidad de precios de los productos que se transportan usando ese combustible. Todavía esperamos alguna medida de política económica que compense ese daño a la población. Por ejemplo, ¿no podríamos cobrar un impuesto a las petroleras por cada aumento abusivo que realicen?
Y ya que estamos con las petroleras, existe el proyecto de prorrogar en forma adelantada el contrato de concesión que la empresa Repsol - YPF tiene en la provincia de Neuquén. Ese contrato vence en el año 2017 y no se entiende el apuro por alargarlo desde ahora hasta el 2027. No hay ningún intento de cobrarle a esa empresa el enorme daño ambiental que ha producido al destruir el río Colorado, contaminar en forma irreversible las aguas subterráneas, anular campos de cultivo y provocar serios daños en la salud de centenares de personas. Es más, se pretende reducir aún más el canon que las petroleras pagan a las provincias por extraer los hidrocarburos, que hoy en la Argentina es de apenas el 12 por ciento, cifra muy inferior a la que las mismas empresas deben pagar al Estado en otros países.
En estas condiciones, ¿cómo no va a faltar del dinero?
¿Un ajuste indefinido?
El ajuste no sólo no es transitorio, ya que las rebajas de sueldos no tienen fecha de finalización. La concepción del ajuste sugiere que se intentará implementar una segunda etapa. Además, es claro que, cuando estas medidas fracasen, se va a tratar de aplicar aquellas que fueron propuestas en los últimos días. Entre ellas, tenemos que destacar la posible cesantía de varios miles de empleados públicos contratados.
La cesantía de los trabajadores contratados es mucho más que un cálculo contable o una eliminación de ñoquis. Lo habitual es que se contrate personal para realizar tareas que no pueden ser cumplidas por el personal de planta y que, de este modo, dejarán de realizarse. Es crítica, al respecto, la situación del sistema de ciencia y técnica: la mayor parte de nuestros científicos están contratados y despedirlos es empujarlos a emigrar. Sabemos que el costo de formar un científico es inmensamente superior al pequeño sueldo que se les paga y que ahora se pretende ahorrar. Así como subsidiamos a los organismos financieros del exterior y a las empresas concesionarias de servicios públicos, ¿también vamos a subsidiar a las Universidades y los organismos científicos del exterior?
¿Qué proyecto de país está detrás de este ajuste? ¿Por qué no ponernos a pensar juntos de qué modo solucionar los problemas en vez de descargarlos sobre el sector que siempre los sufre? Lo que me parece claro es que sin una política de ampliación del mercado interno y de apoyo a las fuentes productivas nacionales, este ajuste es un nuevo sacrificio inútil que se exige a quienes no están en condiciones de hacerlo.
En estas condiciones, sólo puedo recordar una frase del médico y político argentino Juan B. Justo, quien dijo: "amo al país en que vivo y deseo que sean muchos los que tengan motivos de amarlo". Me pasa lo mismo con la democracia. Me gustaría que fueran muchas las personas con motivos para querer la democracia e identificarse con ella. Porque, además, me parece enormemente peligroso que la gente llegue a identificar a la democracia como un sistema que origina esta clase de abusos.
Antonio Elio Brailovsky
Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires