Alderete fue procesado por no haber denunciado en su carácter de funcionario público un presunto pedido de coima que le habría sido solicitado en nombre del PAMI al dueño de una clínica prestadora de servicios.
Ballestero ordenó además trabar un embargo sobre los bienes de Alderete hasta cubrir la suma de 45 mil pesos.
Alderete fue procesado por el presunto delito de "omisión de denuncia".
El delito está contemplado por el articulo 277 inciso 1 del Código Penal, que prevé una pena de prisión de seis meses a tres años.
Se trata del tercer procesamiento dictado contra el ex funcionario .
La semana pasada el juez Adolfo Bagnasco lo proceso por la firma de una serie de contrataciones irregulares con estudios profesionales.
Meses atrás Claudio Bonadio dictó similar medida por la contratación irregular de una empresa prestadora de servicio kinesiológicos.
Alderete fue indagado por Ballestero el 18 de mayo pasado, oportunidad en la que negó su condición de ex funcionario público.
De ese modo también relativizó la obligación de tener que realizar la denuncia de los hechos que caen bajo su conocimiento.
La causa se originó a raíz de un presunto pedido de coima solicitado al dueño de la clínica Passo, de Temperley.
Al prestador le habrían reclamado el 40 por ciento del monto que le adeudaban por los servicios que brindaba a los jubilados (500 mil pesos) para agilizarle en el PAMI el trámite de su cobro.
Alderete dijo al declarar que como presidente de una institución autárquica, que no estaba integrada con fondos del Estado, "no considera que haya sido un funcionario público", con el consiguiente deber de denunciar.
En su descargo, el ex funcionario admitió haber tenido conversaciones con el dueño de la clínica, quien le comentó acerca del reclamo que le hizo, como gestor, el hijo de un integrante del directorio del PAMI.
"No pude efectuar una denuncia concreta" porque "no se pudo identificar" al presunto responsable de la maniobra, le dijo Alderete a Ballestero.
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