Garrote formuló así un "rechazo contundente a la invitación formulada por el Poder Ejecutivo para realizar ajustes en los haberes que perciben los empleados del Poder Judicial de la Nación".
"Sus emolumentos ya se encuentran reducidos, al haber resignado el reescalafonamiento, como consecuencia del recorte de la partida presupuestaria prevista para atenderlo", recalcó el letrado. Asimismo, Garrote reafirmó la vigencia de la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces.
Sin embargo, el consejero propuso que "sin perjuicio de ello, los miembros del Consejo de la Magistratura, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados inferiores deberían resignar una parte de sus sueldos, en consonancia con lo efectuado por los restantes poderes del Estado, cuyos integrantes -si bien no están tutelados por la aludida garantía- deben también ser también correctamente retribuidos por el desempeño de sus funciones si es que se pretende que la Nación sea gobernada por funcionarios probos".
También propuso "oponerse a la reducción de gastos en otros rubros presupuestarios que no sea el pago de haberes (que representa alrededor del 90 por ciento del presupuesto del Poder Judicial), pues la misma reflejaría en un agravamiento del déficit en el funcionamiento de la Administración de Justicia.