Con la firma de la presidenta de la Asociación Nelly Minyersky y el Secretario General José María Pizzorno, la Asociación que nuclea a los abogados de Capital Federal, manifestaron su preocupación por la demora del gobierno argentino en dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aún no se conoce ninguna medida tomada a tal efecto.
La misiva dice lo siguiente:
Señor Ministro
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación al Informe 55/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado con fecha 18 de noviembre de 1997, en el caso Nº 11.137 referido “a los eventos que tuvieron lugar el 23 y 24 de enero de 1989 en el cuartel militar del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 3 ‘Gral. Belgrano’ (RIM 3), localizado en La Tablada, Provincia de Buenos Aires”.
La Asociación de Abogados de Buenos Aires, que en su momento repudió enérgicamente el ataque al cuartel de la Tablada, se ve obligada ahora a reiterar al Señor Ministro su preocupación por la demora del Gobierno Argentino en dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, que pusimos de manifiesto en nuestra presentación de fecha 12 de Agosto de 1998, y que a todo evento adjuntamos en copia. Han transcurrido dos años y medio del dictado de la resolución de la CIDH, y no se conoce la adopción de ninguna medida destinada a su cumplimiento. La situación se agrava por el riesgo que implica la huelga de hambre que están realizando los detenidos de La Tablada en protesta por el incumplimiento por parte del Gobierno de esas recomendaciones.
Resulta inexplicable que las personas detenidas continúen en tal situación, ya que ellas han sido víctimas de la violación de las garantías de la doble instancia, ante la cual no pudieron alegar como lo señala el Informe, “las numerosas violaciones del derecho al debido proceso, desde la instrucción, la calificación legal de los hechos, el juez competente, el “carácter político y represivo” que atribuyen al juicio, el diligenciamiento de las pruebas, la falta de investigación de las denuncias de violaciones de derechos humanos efectuadas por los procesados debido a la falta de efectividad de las llamadas “causas judiciales paralelas”, el derecho de presunción de inocencia, el derecho a la defensa”.
Requerimos al Señor Ministro, y por su intermedio al Poder Ejecutivo Nacional, adopte los recaudos pertinentes para dar cumplimiento urgente a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.